El Estado es quien más invierte en I+D sanitario, pero no hay retorno social

Madrid

En contra de la creencia popular, no es la industria farmacéutica quien más invierte en investigación en salud en España, sino el Estado. Seis de cada diez euros de gasto en I+D sanitario recaen sobre las administraciones públicas que, sin embargo, no son capaces de garantizar el retorno de esa inversión. Es la principal conclusión de un informe de la organización sin ánimo de lucro Salud por Derecho, que constata que una vez la innovación pasa a la industria farmacéutica, los acuerdos de confidencialidad hacen imposible saber por qué se dispara el precio de los medicamentos. 

El 62% de la inversión en investigación biomédica recae sobre centros de investigación y universidades dependientes de financiación publica. Pero en cuanto esa tecnología se transfiere al sector privado, la Administración pierde toda su capacidad para influir sobre el precio aunque paradójicamente también sea el principal comprador de esos nuevos medicamentos. Esta fundación lo achaca a que los contratos firmados con las farmacéuticas son opacos y "no incluyen criterios de interés público que combatan los monopolios", explica su directora Vanessa López.

Nueve de las diez empresas que más subvenciones han recibido del sector publico entre 2010 y 2016 para proyectos de salud son grandes farmacéuticas, a pesar de que casi el 75% de los nuevos medicamentos aprobados por Europa en 2015 "no aportaban nada o el mercado ya contaba con otros mejores". Según algunos autores, el desperdicio de la investigación en salud puede llegar al 85% del total. 

Por eso, Salud por Derecho exige trasparencia "en todas las fases de la cadena de innovación, así como en el acceso al conocimiento y a los datos; la rendición de cuentas de emisores y receptores de financiación; la gestión actual de la propiedad intelectual y, por último, los conflictos de interés".