El Gobierno evita el enfrentamiento por la caza con García Page y frena el recurso de inconstitucionalidad
La Vicepresidencia evita que se lleve hasta el final la impugnación mientras en Política Territorial esgrimen un informe del Consejo de Estado que aconseja recurrir
El presidente de Castilla-La Mancha lleva semanas defendiendo la actividad cinegética para evitar la implantación de Vox en el sector
García-Page en un acto en Valenzuela de Calatrava / JUNTA C-LM (JUNTA C-LM)
Madrid
El Gobierno quiere evitar una tormenta politica sobre la caza y ha frenado in extremis un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley autonómica de Castilla-La Mancha que se iba a debatir este viernes en su reunión de Barcelona. Fuentes de La Moncloa confirmaron a la Cadena SER la intención de llevar presentar ese recurso cuestionando el artículo primero, apartado 5, de la Ley 2/2018 por considerar que invade competencias del Estado en materia de infraestructuras. Finalmente, según fuentes del Gobierno, la Vicepresidencia ha ordenado detener el conflicto pero con debate interno porque en Política Territorial esgrimen un informe del Consejo de Estado que aconsejan el recurso, según aseguran a esta redacción fuentes del Gobierno.
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La impugnación planteada inicialmente no discute el fondo de la norma, se trata de un cuestionamiento técnico, pero llegaba en un momento en el que la caza en Castilla-La Mancha está situada en el centro del debate político. De hecho, el presidente Emiliano García-Page ha querido hacer de esta ley una bandera de su gestión para frenar el auge de Vox entre los cazadores.
Son los conejos, las madrigueras que hay en el entorno de las infraestructuras afectadas por actividades cinegéticas, las que han provocado estas discrepancias jurídicas entre administraciones, aunque a la ley de Caza de Castilla-La Mancha la ha puesto en la agenda política su presidente para evitar que Vox gane posiciones en el sector, como ha ocurrido en Andalucía en las elecciones del 2 de diciembre.
Con este objetivo, García-Page se desmarcó públicamente de su compañera de partido y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. De hecho, se esforzó en dejar por escrito que estaba muy sorprendido por la posición favorable de la ministra a la prohibición de la actividad cinegética y le adjuntó el texto de la Ley 2/ 2018 para recordarle su contenido, la importancia de la actividad en la economía del sector y el amplio consenso que cosechó en Castilla-La Mancha, también entre "diversos sectores ecologistas".
Transición Ecológica no respondió y la dirección federal del PSOE trasladó a Teresa Ribera y su equipo la necesidad de no lanza reflexiones personales que pudieran ser utilzadas políticamente por sus adversarios, en definitiva, no dar ventaja electoral a otros partidos con polémicas estériles. Este espíritu es el que lleva ahora al Gobierno a frenar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
