Huelga judicial y fiscal contra las "promesas y largas" del Gobierno

Madrid

Este lunes miles de jueces y fiscales están llamados a la primera huelga del sector contra la ministra Dolores Delgado por lo que varias asociaciones califican como “promesas y largas” del Gobierno frente a sus reivindicaciones. Después de varias reuniones sin llegar a ningún tipo de acuerdo, la titular de la cartera de Justicia se enfrentará a unas protestas que ella misma protagonizó cuando ejercía como fiscal en la Audiencia Nacional.

Inicialmente ilusionados por la trayectoria profesional de la ministra, las asociaciones de las carreras judicial y fiscal han optado por reeditar las protestas que les llevaron a la calle en mayo pidiendo la dimisión de Rafael Catalá reclamando lo mismo que se reclama ahora: modernización del sistema judicial, mayor independencia para la Justicia y la Fiscalía, inversiones y terminar con los “recortes y la precarización”.

Seis meses después jueces y fiscales asociados no han encontrado la respuesta que esperaban tras varias reuniones con Delgado y su equipo en septiembre y noviembre. “Todo son promesas y largas”, lamentaban en un comunicado varias asociaciones del sector: La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

En un comunicado firmado el pasado 13 de noviembre, todas mantenían la jornada de huelga denunciando que en ninguna de esas reuniones “se nos ha ofrecido nada concreto de lo que venimos reclamando desde hace casi dos años”, criticando que Gobierno y oposición sólo se pongan de acuerdo en torno al “control” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciando que la situación “crítica” de la Justicia “sólo es salvada únicamente por el esfuerzo diario” de jueces, fiscales y funcionarios.

Los jueces: “Estamos en el mismo punto”

Las asociaciones de magistrados y magistradas que convocan a la huelga descartan de plano que, tal y como afirmó la ministra, la protesta se dirija a las anteriores políticas del equipo de Rafael Catalá. “Contra el equipo ministerial anterior ya hicimos un paro, si ahora se reproduce no es contra el equipo anterior, es precisamente por la falta de avances y la ausencia de propuestas concretas, nos hallamos exactamente en el mismo punto de hace meses”, explica Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

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Una “carga de trabajo desmesurada”, un “déficit de inversión estable”, un atraso tecnológico y la ausencia de avances llevan, según Rodríguez, a los jueces a la huelga. Menos beligerantes contra Delgado y su equipo son desde la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), con su portavoz Ignacio González Vega recordando que “ésta es una huelga que se adopta no contra este equipo ministerial, sino para poner de manifiesto ante la opinión pública la situación de abandono y dejadez en la que se encuentra la administración de la Justicia española”, añadiendo el “reforzar la independencia judicial” a la lista de exigencias, una Justicia “libre de toda injerencia de poderes políticos o económicos”.

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Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, reconoce en declaraciones a la SER en Extremadura que sus peticiones “son las mismas que propusimos al anterior Gobierno” y recuerda que “no se pueden demorar tanto los procedimientos, en España hay pocos jueces y mucha litigiosidad”. Prado también saca a colación la independencia de los jueces: “Queremos apariencia de independencia, lo que ha ocurrido estos días es bochornoso”, afirma sobre el anuncio prematuro de nombramiento de Manuel Marchena como futuro presidente del CGPJ.

Fiscales: “Se trabaja muy mal”

La carrera a la que pertenece Delgado también sale a la calle el lunes con reivindicaciones que ella misma suscribió en mayo, cuando las manifestaciones se dirigieron contra Rafael Catalá. “Debemos olvidar tiempos pasados en que todos asistimos a injerencias de gobiernos en la Fiscalía General, particularmente del PP”, explica Emilio Fernández, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que perteneció la ministra. “Que no haya ningún tipo de injerencia”, zanja.

Fernández también pone encima de la mesa la necesidad de implantar la justicia digital: “Lleva a una forma de trabajar que no es asumible, se trabaja muy mal y queremos usar las nuevas tecnologías, pero con una planificación adecuada”, explica, solicitando también la derogación efectiva del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone límites temporales a las investigaciones judiciales. “Puede generar que en asuntos de corrupción acabe con el archivo”.