El Supremo condena a Sanidad por dejar a casi cien enfermeros sin trabajo
Se negó a reconocer los títulos de la promoción 2013 entera de la Universidad Fernando Pessoa de Las Palmas
El alto tribunal ha dado la razón a trece de los más de veinte alumnos y alumnas que recurrieron
Getty Images
Madrid
El Tribunal Supremo ha condenado trece veces al Ministerio de Sanidad por dejar a una promoción entera de enfermeros y enfermeras sin poder acceder al mercado laboral. Los jueces han dictado trece sentencias firmes en los últimos meses dando la razón a estudiantes de la universidad privada Fernando Pessoa de Las Palmas a los que el Gobierno, entonces con Ana Mato como ministra, no reconoció la validez del título de "em Enfermagen" conseguido en 2013 por casi cien alumnos, impidiendo su acceso al mercado laboral.
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Los 88 alumnos y alumnas salieron de esta delegación de la universidad privada lusa con su título debajo del brazo en el verano de 2013, y todos se encontraron con el mismo problema: el Gobierno español no respondía a sus peticiones de habilitarles para trabajar en España con este título obtenido en una universidad de origen portugués. Mientras muchos de ellos se colegiaban en el país vecino el Gobierno español daba siempre la misma respuesta a sus peticiones: el silencio.
Dos decenas de ellos recurrieron ante la Justicia mientras se matriculaban en otras universidades españolas para convalidar todas las asignaturas posibles y conseguir otro título, éste reconocido por Sanidad, para poder empezar a trabajar con la menor demora posible. Cinco años después el Tribunal Supremo ha dado la razón en firme ya a trece reclamantes, reconociendo que el título de la Fernando Pessoa les valía para trabajar en España y el resto de Europa y criticando que el Gobierno español diese la callada por respuesta durante años con Ana Mato, Alfonso Alonso y Dolors Montserrat al frente del departamento hasta que se dictaron las primeras sentencias.
La Audiencia Nacional dio la razón a 17 alumnos reclamantes, y el Tribunal Supremo ha resuelto ya 13 de los casos en firme, rechazando los últimos recursos de Sanidad. Las sentencias obligan al Ministerio que ahora dirige María Luisa Carcedo no sólo a reconocerles el derecho a ejercer en España sino también a pagar las costas a razón de mil euros por caso. Desde Sanidad explican a la SER que están "estudiando" el asunto de forma conjunta con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Ni una traducción
El Ministerio de Sanidad terminó justificando su silencio a petición de la Justicia, y sus explicaciones no han convencido ni a la Audiencia Nacional ni al Tribunal Supremo: aseguraba que fueron las autoridades portuguesas las que transmitieron sus dudas, ya que la Universidad Fernando Pessoa sólo estaría habilitada para expedir estos títulos en Ponte de Lima y Porto.
Aula de la Universidad privada Fernando Pessoa en Canarias / UFP
Aula de la Universidad privada Fernando Pessoa en Canarias / UFP
Los jueces en ningún caso justifican el silencio como una respuesta viable, y reprochan que el Ministerio “ni tan siquiera haya tenido a bien de traducir” las pocas comunicaciones que tuvo con las autoridades portuguesas sobre este asunto. De hecho, explican, muchos reclamantes sí están habilitados para ejercer en Portugal y eso “pone en entredicho” la versión de Sanidad. Todas las sentencias del Supremo reproducen íntegramente los argumentos de la primera dictada sobre este asunto a mediados del mes de julio.
Reclamarán indemnización
Según explican desde el entorno de los alumnos, muchos de ellos consiguieron acceder al mercado laboral usando el mismo método: matriculándose en otra universidad española, convalidar todas las asignaturas posibles y sacarse una nueva carrera de enfermería. Algunos cifran el agujero en más de 30.000 euros sumando lo que les costó la nueva matrícula a lo que dejaron de ganar mientras no pudieron acceder al mercado laboral.
José Luis Pérez es el abogado que ha llevado el caso de todos los afectados: "Lo que le reprochan los tribunales al Ministerio es que no haga nada, si dudaba tenía que haber tomado las acciones oportunas pero no podía dejar a estos señores en una especie de limbo", explica. Les han dado la razón años más tarde y "por el camino han tenido que buscarse la vida homologando los títulos" pese a que según la normativa europea "estaban perfectamente legitimados para desarrollar la profesión".
EFE
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En conversación con la Cadena SER, Pérez explica que exigirán una indemnización a Sanidad tanto por el dinero que tuvieron que invertir en ese segundo título como también por los daños morales. "La simple incertidumbre, el esfuerzo que les conllevó obtener ese título y ver que no pueden desarrollar su profesión es un perjuicio que afecta personalmente de forma moral", añade.
