¿Cómo afecta la decisión del Supremo a la investigación del resto de másteres?
Los jueces archivan la causa porque no hay pruebas de acuerdo entre alumno y profesores para beneficiarle
Las defensas de alumnos imputados ya pidieron el archivo poniendo encima de la mesa argumentos de la Fiscalía
Cartel contra Cifuentes en la URJC / EFE
Madrid
En la Plaza de Castilla de Madrid esperaban con ansia la decisión del Tribunal Supremo en torno al máster de Pablo Casado: sus razonamientos en torno a la responsabilidad de los alumnos a la hora de recibir trato de favor abre la puerta a que las defensas del resto de imputados pidan el archivo de su causa, aunque la última palabra esté en manos de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y de la Audiencia Provincial de Madrid.
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Los argumentos del Tribunal Supremo no se alejan de lo que ya dijeron sus compañeros de lo penal hace un año en el caso de una alumna de la Universidad de Granada que sacó un sobresaliente sin ir a clase en una asignatura: el trato de favor sin más no es delito, y menos aún si no hay pruebas de que el alumno beneficiado lo haya pedido explícitamente. Es, en todo caso, responsabilidad del trabajador de la universidad que haya accedido a dárselo.
La petición de la Fiscalía de archivar el caso de Pablo Casado ya provocó un auténtico terremoto en el juzgado 51 de Madrid, con la propia instructora desafiando al Ministerio Público a decir si debería archivar el caso contra el resto de alumnos imputados, y los propios alumnos pidiendo el carpetazo: es previsible, por tanto, que este auto de la sala de admisiones del Tribunal Supremo llegue rápidamente a la Plaza de Castilla en forma de recurso.
El Supremo rechaza hablar de procedimiento "meramente prospectivo" como sí hizo la Fiscalía, pero deja clara su opinión sobre cuándo se puede imputar a un alumno por trato de favor: cuando quede probado un acuerdo entre el beneficiado y los profesores o responsables del máster para hacerlo. Si no existe ese "acuerdo previo o simultáneo", dicen los jueces, "no se justifica la apertura de una causa penal".
Pregunta de archivo
El posible archivo de la causa sobrevuela desde hace una semana el juzgado 51 de Madrid: la magistrada Carmen Rodríguez-Medel preguntó a la Fiscalía si debería archivar el caso contra varios alumnos cuyas circunstancias eran similares a las de Casado, pregunta que adquiere más fuerza después de la decisión del Supremo.
Alumnos que, según la jueza, tenían una "especial relación personal o profesional" con Enrique Álvarez Conde en su Instituto de Derecho Público, o una "especial relevancia política", han reconocido haber tenido este trato de favor, tal y como reveló la Cadena SER, pero negando haberlo pedido activamente: era él el que les iba informando de todos los trámites que podían saltarse.
Casado en una imagen reciente / Javier López
La decisión dependerá en última instancia de la jueza instructora y de la Audiencia Provincial de Madrid, que este mismo viernes ha hecho público un auto en el que rechaza archivar la causa contra Álvarez Conde y Amalia Calonge, funcionaria acusada de modificar notas: asegura que "en absoluto puede considerarse prospectiva, al centrarse en unos hechos concretos que pudieran estar en relación de continuidad delictiva con otros, no en una causa general".
¿Cifuentes y Montón?
Lo que arrancó como el 'caso Cifuentes' después de las primeras informaciones desveladas por eldiario.es se ha transformado en una causa con varias piezas separadas que investigan desde el máster de la expresdienta de la Comunidad de Madrid hasta el dinero del IDP que gastaba Álvarez Conde sin ningún control.
En su caso, como explicaba la magistrada Rodriguez-Medel en su exposición razonada al Tribunal Supremo, no sólo se investiga si el título fue un regalo por su relevancia política, sino también si existió una falsificación de sus notas después de estallar el escándalo, un posible delito que supera la investigación en torno a Pablo Casado y sobre la que el Supremo no se ha pronunciado.
Carmen Montón con documentación sobre su máster / Fernando Alvarado
Lo mismo sucede con la exministra de Sanidad, Carmen Montón, fuera del Gobierno tras publicar eldiario.es que su máster había sido obtenido con irregularidades en la misma URJC, y La Sexta que además había plagiado párrafos enteros de otros documentos. El carácter anónimo de la denuncia todavía mantiene en el misterio cuál de las dos posibles irregularidades investiga la jueza en una causa diferente, pero ni siquiera se trata del mismo máster.
