Las cuentas del 'chiringuito' de Álvarez Conde, al descubierto
La Cadena SER analiza los pagos sin justificar del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos
Madrid
El director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, y su número dos, Laura Nuño, recibieron casi 200.000 euros en transferencias sin justificar, según las cuentas del centro incorporadas al sumario al que ha tenido acceso la SER.
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Los movimientos bancarios, realizados entre junio de 2012 y mayo de 2018, reflejan ingresos al director y la subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) sin que se indique ningún concepto, ni justificación de ese pago. Hay días en que se hacen varias trasferencias sin que aparezca el motivo. En total el director del Instituto de Derecho Público recibió más de 100.000 euros por esta vía en cantidades que van desde los 13.500 euros a los 400. De todos los ingresos a Álvarez Conde sólo hay uno - del 11 de marzo de 2014 - que aparece justificado: son 587 en gastos de representación. En el resto no consta nada.
En el caso de Laura Nuño, imputada en el caso del Máster de Cifuentes y directora del Máster de Carmen Montón, hay también números ingresos a su favor sin justificar. El más importante: el 21 de enero de 2014, 16.530 euros. Hay otro pago de más de 11.000 euros, dos de más de 9.000 euros, otro de casi 7.000... En sólo tres de estos pagos consta el concepto uno en 2017 de más de 3.000 euros por colaboración con el IDP -otro ese mismo año de 242 euros por colaboración con el Ayuntamiento de Coslada y un tercero de 2015 por un artículo para un proyecto del Ministerio de Economía. No hay ningún apunte que explique el motivo del resto de las trasferencias que recibió Laura Nuño y que superan los 88.000 euros. La mayoría de las trasferencias, tanto a nombre de Álvarez Conde como de Laura Nuño, son entre los años 2012 y 2015 a partir de entonces apenas hay ingresos.
Laura Nuño ha segurado a la SER que todo lo que cobró del Instituto de Derecho Público está declarado a Hacienda y que fue consecuencia de su actividad investigadora, por la elaboración de estudios, proyectos o la coordinación de títulos propios. Nuño - que es profesora de la Rey Juan Carlos y cobraba también su nómina como docente en la universidad - rechaza cualquier responsabilidad en la forma en la que se llevaban las cuentas del instituto. Hemos intentado tener también la versión de Enrique Álvarez Conde pero no ha sido posible.
Gastos personales y a familiares
En esas cuentas aparecen también los pagos a familiares de Álvarez Conde - que está investigando la policía - y los gastos personales que el catedrático pagaba con la tarjeta del Instituto: pagos en la pescadería, en la carnicería, en restaurantes o por la cuota de Spotify. Gastos que adelantó el diario El Independiente el pasado mes de mayo que nada tienen que ver ni con la universidad ni con la actividad del Instituto de Derecho Público. Muchos de ellos además se realizaban los fines de semana o en periodos no lectivos. Hay también retiradas de efectivo por más de 30.000 euros y un dato muy llamativo: el director del instituto tenía invertido parte del dinero del Instituto en fondos de renta variable.
No había contabilidad
Las cuentas reflejan la opacidad y la discrecionalidad con la que actuaba Álvarez Conde y como gestionaba el Instituto de derecho Público sin rendir cuentas a nadie. El Instituto de Derecho Público funcionaba como un ente al margen de la universidad Rey Juan Carlos, contaba con su propio CIF para hacer contratos por su cuenta, algo que no podía hacer que no es legal y que "nunca se debió permitir" como explicó ante la juez su actual responsable, Pablo Acosta. Este profesor, nombrado por el rector para liquidar el centro, contó en su declaración como cuando llegó al instituto se encontró con que las tareas administrativas en el último año las habían llevado dos estudiantes que no sabían ni lo que era una contabilidad: "Dada la precariedad administrativa que nos encontramos allí incluso la auditoria que se va a hacer va a ser una auditoria forense no va a ser una auditoria normal porque no hay contabilidad porque la facturación es dispersa y porque no hay documentos que soporten todo aquello".