Trabajo envía 50.000 cartas de advertencia por fraude laboral
Las cartas no sancionadoras afectan especialmente a empresas multiservicios, de la hostelería y falsas cooperativas
Un rider de Deliveroo en París / REUTERS
Madrid
Más de 50.000 cartas han salido del Ministerio de Trabajo hacia empresas que presuntamente han cometido fraude laboral. Muchas de las compañías afectadas han recibido ya las misivas, según ha podido saber la SER. Fuentes de Trabajo indican que las cartas son de advertencia, no sancionadoras, porque de momento se persigue un efecto disuasorio.
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Las compañías afectadas son sobre todo empresas multiservicios (para las que trabajan por ejemplo las camareras de pisos), las que emplean como falsos autónomos a los riders de reparto a domicilio, como Deliveroo o Glovo, o las falsas cooperativas cárnicas.
Los incumplimientos más habituales de la normativa laboral o de Seguridad Social se encuentran en los contratos a tiempo parcial que no se cumplen (se trabajan más horas de las retribuidas), que se encadenen contratos temporales sin prosperar nunca al indefinido y la creciente presencia de falsos autónomos.
Los sindicatos piden aumentar la cuantía de las multas a las compañías incumplidoras, especialmente a las que reinciden, y ven insuficiente que de momento las misivas del Ministerio de Trabajo sean sólo informativas.
Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, advierte de que "le sale más barato a la empresa pagar la multa que regularizar la situación de los trabajadores". Considera que "hay que hacer especial hincapié en aquellas empresas que son reincidentes, que en todas las Comunidades Autónomas hemos denunciado reiteradamente ante la Inspección de Trabajo".
Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, Raúl Riesco, justifica que "los indicios son indicios, no tenemos la absoluta seguridad". Hay sospechas de fraude laboral por los datos que se manejan, pero "los datos son fríos a veces", y puede que "no se esté produciendo" el fraude. Si se confirma la ilegalidad, se ejecutan las sanciones, defiende, y sostiene que la plantilla de inspectores aumentará en un 23% en los próximos cinco años.
