El Constitucional estudiará si Llarena ha vulnerado los derechos políticos de los líderes independentistas
El pleno del tribunal de garantías admite a trámite, entre otros, el recurso de varios imputados contra su procesamiento de este delito al considerar que Llarena y la sala vulneraron su derecho a ejercer como diputados al hacer efectiva su suspensión
Carles Puigdemont y Elsa Artadi ofrecen una rueda de prensa en Berlín / DPA - Archivo (EUROPA PRESS)
Madrid
El Tribunal Constitucional fiscalizará a lo largo de los próximos meses alguna de las decisiones clave tomadas por el juez Pablo Llarena y la sala de apelaciones en la macrocausa que investiga el procés independentista: entre otras, su procesamiento por rebelión y su ingreso en prisión sin fianza.
El pleno informa de que ha decidido admitir a trámite varios de estos recursos, dando traslado al Tribunal Supremo para que remita las actuaciones. Uno de estos recursos ha sido interpueso por el expresident Carles Puigdemont y otros imputados contra el auto de 23 de marzo que les procesó por un delito de rebelión: afirman en su recurso que esta decisión, que desembocó poco más tarde en su suspensión política cautelar, vulneró su derecho fundamental a ejercer el cargo público adquirido en las elecciones del 21 de diciembre del año pasado.
Los magistrados también estudiarán otras decisiones clave, como la que impidió a Jordi Sànchez participar de forma presencial o telemática en el debate de investidura del Parlament de Catalunya en el que aspiraba a ponerse al frente de la Generalitat en representación de JxCat, o el auto de la sala de apelaciones del 17 de mayo que mantuvo prisión sin fianza a Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa.
El Constitucional analizará estas decisiones en los próximos meses al admitir en sus distintas providencias, dictadas por unanimidad, que estos hechos afectan "a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal". También estudiarán, tras admitir un recurso del grupo de Ciudadanos en el Parlament, los pasos que se dieron para aprobar dos normas de carácter independentista en septiembre del año pasado: la de Transitoriedad Jurídica y la Fundacional de la República.
