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Caso espionaje político Madrid

El juicio del espionaje político en la Comunidad de Madrid arrancará el 4 de febrero

Seis funcionarios, entre ellos el exdirector general de seguridad con Esperanza Aguirre, se sentarán en el banquillo ante un jurado popular acusados de un presunto delito de malversación de caudales públicos

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados (i), y el exvicepresidente de la comunidad, Ignacio González, durante un pleno celebrado en la Asamblea de Madrid en 2009.(EFE)

Madrid

Un funcionario público, dos agentes de la policía nacional y tres guardias civiles se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Madrid el próximo 4 de febrero en el conocido como caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid. Entre ellos, el exdirector general de seguridad, Sergio Gamón. Lo harán ante un jurado popular y acusados de un presunto delito de malversación de acudales públicos y diez años después de que estallara el escándalo de espionaje a los adversarios políticos de Esperanza Aguirre dentro del propio Partido Popular que sufrieron, entre otros, el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el exconsejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada.

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La Audiencia de Madrid determina, en el auto al que ha tenido acceso la Cadena SER, que los hechos enjuiciables son que los acusados "procedieron durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008 a realizar seguimientos a terceras personas, actividad que no estaba dentro de su trabajo, utilizando para ello y dentro de su jornada laboral medios que la Comunidad de Madrid ponía a su disposición destinando en consecuencia esos medios y el coste que suponían a una actividad ajena a su trabajo"

Hasta en tres ocasiones la juez de Plaza de Castilla, Carmen Valcarce, archivó estas investigaciones y tres veces la Audiencia de Madrid le ordenó reabrirlas estimando los recursos del abogado del PSOE, Wilfredo Jurado. Finalmente, Valcarce tuvo que dictar auto de apertura de juicio oral en contra del criterio de la fiscalía.

 
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