El Congreso abre la puerta a que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad
El pleno de la Cámara admite a trámite una proposición de ley del PP para que los informes que elaboren cuenten con el principio de veracidad y que las agresiones que sufran sean consideradas como delito
El PSOE apoya la iniciativa con reservas y anuncia enmiendas en la tramitación para mejorar su redactado y aumentar las garantías de derechos. Unidos Podemos vota en contra al considera la medida innecesaria y demagógica
El Congreso abre la puerta a que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad / EFE
Madrid
Con la presencia en la tribuna de varios miembros de los sindicatos de prisiones, el Congreso ha dado luz verde a tramitar una de las reivindicaciones históricas de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias: considerar a los miembros de este colectivo como agentes de la autoridad. El pleno ha aprobado admitir a trámite una proposición de ley del PP que busca aumentar las garantías y la protección de los funcionarios de prisiones frente a las agresiones y dificultades que sufren en su labor.
El texto incluye el reconocimiento del principio de veracidad de los informes que elaboren, así como que las agresiones de que sean víctimas sean castigadas con una pena agravada, al tener la consideración de delito y no de falta. Además, la reforma legislativa prevé que puedan declarar en los juzgados bajo un número de identificación y no con su nombre y apellidos, en una medida de protección adicional similar a la que tienen los policías nacionales o los guardias civiles.
Además, en el caso de que un funcionario sea condenado a penas de cárcel, estará separado del resto de internos en celdas especiales y tendrá garantizado un traslado más seguro a los centros penitenciarios.
La propuesta del PP, que su portavoz José Alberto Martín Toledano, ha defendido como una "garantía laboral ante un trabajo muy difícil", ha contado con el voto a favor del PSOE, Ciudadanos, y PNV, la abstención de PDeCat y ERC y el voto en contra de Unidos Podemos, que la ha rechazado por considerarla una medida aislada, innecesaria y demagógica.
El portavoz socialista, David Serrada, no ha ocultado las dudas que esta propuesta, que ha tildado de mero parche con el que el PP intenta lavar su imagen tras su mala gestión penitenciara, suscita en su grupo. En particular, ha expresado sus reticencias sobre la consideración del principio de veracidad que se atribuye a los informes elaborados por los funcionarios de prisiones en la medida en la que se podría "vestir a un santo para desvestir a otro, es decir, quizá esto provoque que pueda mermarse los derechos de personas que están privadas de libertad". Pese a ello, el PSOE ha apoyado que se tramite la iniciativa con el objetivo de mejorarla y corregirla durante la fase de enmiendas en el Congreso mediante el diálogo y la negociación.
