Marca España, cuestionada

Madrid

El informe de fiscalización que el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó la pasada semana reconoce que el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España es un cargo único. Y es único entre otras razones porque su titular, Carlos Espinosa de los Monteros, no recibe retribución alguna por ello.

Esa situación, según se deduce del informe de fiscalización, es tan especial que ni siquiera en el Portal de Transparencia existe información sobre ese cargo como tampoco parece que la haya solicitado la Administración General del Estado. El Tribunal de Cuentas asegura que tan sólo se puede encontrar su currículo publicado en el portal del Ministerio de Asuntos Exteriores y en el de la web de Marca España. Eso sí, esa información no coincide con la que conoce el Tribunal de Cuentas

Por otro lado, y siempre según el informe de fiscalización, no existe norma alguna que regule el funcionamiento de la Oficina del Alto Comisionado, como tampoco existe la que pueda regular sus relaciones con los "embajadores Marca España" o con las posibles empresas colaboradoras. Con un añadido más, comparte funciones con otros órganos del propio ministerio de Asuntos Exteriores.

También, los objetivos generales de Marca España no tienen concreción alguna en acciones medibles y por lo tanto no se puede conocer el impacto que tiene el trabajo concreto que desarrolla. Tan sólo, se puede saber que esa oficina realiza seguimientos de índices y ránquines nacionales e internacionales sobre la imagen de España que ya venían elaborándose antes de su creación.

No puede hacer más la oficina del Alto Comisionado porque a pesar de que es "política de Estado", su financiación es "prácticamente inexistente" y ello, según el Tribunal, "compromete el éxito del proyecto para el futuro".

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El informe de fiscalización añade que es defectuoso "el seguimiento y control de la documentación y la ejecución" de los convenios de colaboración que ha alcanzado, algunos de ellos, de manera verbal. Incluso en algunos casos, afirma que se ha impedido la comprobación de las actividades y los gastos realizados. Y más, porque el Tribunal asegura que el dinero obtenido de empresas privadas para pagar gastos -por ejemplo, de oficina- no se ajustó a la normativa.

Por ello, el Tribunal de Cuentas pide al Gobierno que regularice su situación, dote de medios y personal a las unidades encargadas de continuar con un proyecto que funciona con "inseguridad jurídica" y así pueda evitarse la existencia de entes que no tienen "capacidad operativa".