Argel: tres meses de negociaciones sin ningún avance
ETA exigió incorporar al diálogo a tres terroristas encarcelados en Francia, entre ellos Josu Ternera
Jon Idígoras (d),acompañado de otros miembros de Herri Batasuna (HB), en una rueda de prensa en 1989 para acusar al Gobierno de haber incumplido sus acuerdos con ETA, al haber emitido una nota sobre las conversaciones de Argel que difiere del texto "pactado" entre ambas partes. / EFE/ Txema Fernández
Madrid
El 8 de enero de 1989, el Gobierno de Felipe González se reunió con dirigentes de ETA en Argel tras el anuncio de la banda terrorista de una "tregua unilateral de 15 días".
El ministro del Interior, entonces José Luis Corcuera, y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, viajaron a Argel para intentar un diálogo encaminado a la desaparición de la organización criminal. Vera mantuvo una primera reunión con el etarra Eugenio Etxbeste, Antxon, para sentar las bases del diálogo.
El Gobierno, representado por el propio Vera y Juan Manuel Eguiagaray, entonces Delegado del Gobierno en Murcia, se reunió los días 25 de enero, 14 y 20 de febrero y 14 y 20 de marzo con una cúpula etarra formada por Antxon, Ignacio Arakama Makario y Belen González Peñalva.
Las conversaciones se rompieron el 4 de abril de 1989 por una fuerte discrepancia entre el Gobierno y ETA a cuenta de un comunicado de la banda terrorista donde anunciaba que ampliaba su alto el fuego. En ese comunicado, los terroristas exigían nuevas condiciones para continuar la negociación que el Gobierno consideró inasumibles. Reclamaban los etarras la incorporación a la mesa de diálogo de otros tres terroristas que estaban encarcelados en Francia: dos de ellos tenían una condena firme y el tercero, Josu Ternera, estaba pendiente de juicio.
Además, el prólogo del comunicado de ETA sentó especialmente mal al Gobierno pues la banda terrorista afirmaba que había constatado una "mayor flexibilidad" por parte del Ejecutivo a la hora de no descartar la reforma de la Constitución para complacer los deseos de la organización criminal introduciendo en la norma el derecho de autodeterminación.
