A Irán tampoco le gusta que busquen en sus fosas comunes
Amnistía Internacional denuncia la destrucción de enterramientos colectivos de presos políticos asesinados hace tres décadas
Imagen de uno de los lugares identificados como fosa común sobre el que se está construyendo / Amnistía Internacional
En apenas unos meses de 1988, el régimen iraní ejecutó a varios cientos de presos políticos a raíz de la incursión armada organizada por un grupo disidente. Según calculó Amnistía Internacional en su momento, quienes desaparecieron en aquellos días son entre 4.000 y 5.000 personas de las que sus familias nunca más supieron.
Ante los rumores de esas matanzas, las familias utilizaron los medios a su alcance para intentar saber de sus seres queridos. A algunas se les notificó judicialmente la muerte del preso. Pero la mayoría nunca supieron siquiera dónde estaba enterrado el cadáver que buscaban.
Treinta años después, un estudio de Amnistía Internacional y la organización Justicia para Irán acusan a las autoridades iraníes de estar destruyendo estos enterramientos, levantando sobre ellos infraestructuras o edificios, o destrozándolos con excavadoras. En algunos casos escondiendo “las fosas comunes bajo enterramientos nuevos, o convirtiendo esos lugares en vertederos”, se lee en el informe publicado este lunes.
Siempre utilizando métodos indirectos, Justicia Para Irán calcula que hay 120 enterramientos comunes no señalados de aquellas matanzas. Pero han realizado el estudio sobre su ocultación y destrucción centrándose en siete emplazamientos de los que existe documentación sólida, e incluso testimonios de testigos o supervivientes.
Amnistía Internacional cree que las autoridades iraníes están acelerando la destrucción de estas fosas porque en 2016 se reavivó la lucha de las familias por recibir información sobre lo que pasó en 1988 y pedir cuentas a los responsables, algunos de ellos en puestos tan relevantes hoy como el ministro de Justicia.
Lo que llevó a que las familias rompieran su silencio hace dos años fue la emisión de una grabación sonora coetánea a los hechos, en la que responsables de alto nivel discuten detalles de las ejecuciones. “La publicación de ese audio llevó a una cadena de reacciones entre responsables de alto nivel que, por primera vez, admitieron que la matanza se había organizado desde altos niveles del régimen”, leemos en el informe, que acompaña la documentación de fotografías aéreas con el antes y el después de estos emplazamientos en Mashad, Tabriz o Sanandaj.
Amnistía Internacional responsabiliza a las autoridades iraníes de añadir más injusticia a familias que, sabiendo o sospechando dónde estaban sus seres queridos, eran intimidadas cuando intentaban ir a esos lugares a rezar u homenajear a los suyos. “Es una forma de tortura a esas familias, un trato cruel, inhumano y degradante”, concluyen Amnistía y Justicia Para Irán, que piden paralizar estas destrucciones y reconocer públicamente lo sucedido hace 30 años.
