De qué se quejan los españoles
El Informe del Defensor del Pueblo refleja que en 2017 los españoles presentaron casi un 50% más de quejas, ante esta institución, que el año anterior. El mal funcionamiento de los servicios públicos es la principal razón de las protestas de los ciudadanos
El Defensor del Pueblo da un toque al Gobierno por la creciente desigualdad. / ATLAS
Madrid
A la cabeza de las quejas de los españoles ante el defensor del Pueblo se sitúan los retrasos, que son muchos y variados. Retrasos en la renovación del DNI, el pasaporte y el carné de conducir, retrasos en el trasporte público, principalmente en los trenes de cercanías de Madrid y Barcelona, Retrasos para las intervenciones quirúrgicas, que se visualizan en las listas de espera y retrasos en la administración de Justicia. A todo esto hay que sumar las quejas por la saturación de las urgencias sanitarias o la dotación y servicios de las residencias de mayores, las quejas por los impuestos, la contaminación acústica o la discriminación de cualquier tipo. En total son 25.776 los expedientes que a lo largo del 2017 ha tramitado la Oficina del Defensor del Pueblo, lo que representa un aumento del 48’17% con respecto al año anterior.
Los españoles que más se quejan son los madrileños. En esta comunidad se han abierto 4.520 expedientes, muchos más que en otras autonomías como la andaluza con mayor índice de población que Madrid. Hoy el defensor, Francisco Fernández Marugán, ha presentado el informe del año pasado a los presidentes del Congreso y del Senado. En esta ocasión el Informe presenta, como novedad, un extenso análisis de los efectos derivados de la crisis económica y los problemas de desigualdad que esta ha provocado. La principal conclusión de este análisis es que la desigualdad, que se acentuó en los últimos años, no ha desaparecido con la recuperación económica y amenaza con cronificarse. Ante esta realidad, el defensor reclama políticas activas que permitan la redistribución de la riqueza.
La violencia machista preocupa especialmente al defensor del Pueblo que en 2017 ha centrado sus esfuerzos en reclamar medidas que protejan de forma especial a los hijos e hijas de las víctimas de esa violencia. Además, Fernández Marugán ha reclamado que las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia machista se pongan en marcha con carácter urgente.
"Ausencia de una política común de extranjería"
El defensor del Pueblo denuncia, con una serie de datos, la mala actuación de la administración con respecto a la situación de los extranjeros en España. Para empezar denuncia que todavía existen 400.000 solicitudes de nacionalidad española por residencia que se encuentran pendientes de resolver en la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia”. Reclama además que el Gobierno deje de acumular peticiones de asilo, y para ello recuerda que hay 34.000 solicitudes de protección internacional sin resolver en la Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Política Interior, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio del Interior. Con respecto a los que están intentando acceder a territorio español por vías irregulares, 29.000 personas en 2017 , también reclama el Defensor del Pueblo la puesta en marcha de manera definitiva de un sistema de primera acogida coordinado y eficaz, toda vez que España lleva más de 30 años recibiendo pateras.
A juicio de esta institución, es posible identificar un denominador común que provoca gran parte de las deficiencias detectadas que no es otro que la ausencia de una política común que sea capaz de conjugar los intereses de los que ya están aquí, con las legítimas aspiraciones de las familias de vivir juntas; las de aquellos que quieren venir a trabajar con las necesidades de nuestro mercado de trabajo; las obligaciones internacionales suscritas por España respecto a la protección internacional con la gestión de un sistema de acogida y de integración eficaz; las necesidades de los españoles que, por motivos diversos, residen en el exterior y un largo etcétera” denuncia el área de Extranjería del Defensor del Pueblo.
quejas presentadas por área de actuación / Oficina del Defensor del Pueblo
"Excesivo esfuerzo para acceder a la vivienda"
El Defensor del Pueblo constata el "excesivo esfuerzo" que se necesita para acceder a la vivienda, tanto si se compra como si se alquila. El problema está en la relación entre el salario medio y el dinero que hace falta para comprar o alquilar, cuando los propios bancos recomiendan que un hogar no debe destinar más de la tercera parte de los ingresos a financiar la vivienda.
El precio del alquiler ha registrado un "importante aumento" desde 2014, mientras ha ganado peso como forma de tenencia (se ha pasado del 13,5% en 2011 al 17,3% de hogares en alquiler en 2016, según la Encuesta Continua de Hogares).
El Defensor apuesta por el refuerzo de la oferta de viviendas sociales de alquiler, con parques locales y la creación de registros de las demandas en los ayuntamientos. También, realizar convenios con los bancos y la Sareb para disponer de viviendas usadas.
Desahucios: pánico al desalojo
Sobre los desahucios, el Defensor del Pueblo reconoce el "pánico al desalojo" que sufren los afectados, así como los "sentimientos de vergüenza, culpabilidad, tristeza, ansiedad, desánimo y abatimiento". Precisamente, el colectivo más afectado es el que debería vivir ya en la estabilidad económica y que se sitúa entre los 30 y los 50 años. Educados en el concepto de vivienda como baluarte, lugar seguro e inviolable, el desahucio atenta contra un pilar básico de su vida, según se recoge en el informe anual.
Además, apunta a que ante la abrupta aparición de este grave fenómeno, las administraciones no estaban preparadas para dar respuesta al problema. "El sistema no funcionó ni por parte de los ciudadanos, ni de las entidades de crédito, ni del Banco de España", sentencia.
Y advierte de que no se puede considerar que la responsabilidad en el sobreendeudamiento de los particulares fuese únicamente de ellos, pues desde hacía más de una década que las entidades financieras habían otorgado de forma imprudente créditos hipotecarios, poniendo en marcha prácticas que facilitaron el sobreendeudamiento de las familias a muy largo plazo.
