Un informe prefabricado con 16 borradores para sembrar la sospecha sobre el gobierno de Ruiz-Gallardón
La investigación del 'caso Lezo' destapa cómo Ignacio González pagó 58.000 euros a Cuatrecasas por un estudio en el que impuso múltiples correcciones y rectificaciones para implicar al anterior Ejecutivo del Partido Popular
Un informe prefabricado con 16 borradores para sembrar la sospecha sobre el gobierno de Ruiz-Gallardón / CADENA SER
Madrid
El informe que encargó a dedo Ignacio González al despacho de abogados Cuatrecasas sobre la compra de una sociedad colombiana por el Canal de Isabel II tuvo 16 borradores distintos y costó 58.000 euros de dinero público que la Audiencia Nacional aún ignora cómo se pagó. La cuñada de González, Pilar Cavero, trabajadora de Cuatrecasas, fue la intermediaria en la operación tras hablar con el expresidente de la Comunidad de Madrid.
En algunos de los 16 borradores del informe de Cuatrecasas, que cuestiona la limpieza de la operación, hay anotaciones manuscritas que corresponden supuestamente a Ildefonso de Miguel, el hombre fuerte de González en el Canal de Isabel II. Esas anotaciones corregían y en muchos casos agravaban las conclusiones a las que había llegado el despacho de abogados sobre la compra de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. De esta manera, las rectificaciones que Cuatrecasas incorporaba a los distintos borradores por indicación de Ildefonso de Miguel conseguían sembrar sospechas sobre la operación.
Esas anotaciones corregían y en muchos casos agravaban las conclusiones a las que había llegado el despacho. / CADENA SER
Esas anotaciones corregían y en muchos casos agravaban las conclusiones a las que había llegado el despacho. / CADENA SER
La mayoría de los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II, entre ellos dos altos cargos del Gobierno de Ruiz-Gallardón y algún dirigente socialista, están investigados por esa compra. La principal prueba de cargo contra ellos es el informe de Cuatrecasas.
El despacho de abogados escribió en el cuarto borrador que la compra se hizo "conforme a las exigencias de las Leyes de Patrimonio y Administración de la Comunidad de Madrid". Atendiendo a distintas anotaciones, el séptimo borrador ya corregido indicaba que "la operación no contó con las autorizaciones necesarias de la Comunidad de Madrid".
"En su condición de empresas públicas, no exigen autorización por parte del Consejo de Gobierno de la CAM", dice el informe. "No estoy de acuerdo", dicen las notas. / CADENA SER
"En su condición de empresas públicas, no exigen autorización por parte del Consejo de Gobierno de la CAM", dice el informe. "No estoy de acuerdo", dicen las notas. / CADENA SER
En otro de los borradores, Cuatrecasas indica previa indicación de los responsables del Canal de Isabel II que el bufete de Garrigues, que asesoró al Canal de Isabel II en la compra de Inassa, desaconsejó la operación en la forma en que finalmente se llevó a cabo. La investigación ha acreditado sin embargo que Garrigues no desaconsejó la compra tal y como se efectuó, sino que explicó que si la empresa colombiana se compraba a través de un sociedad en Panamá y ésta se disolvía en el mismo acto, cosa que ocurrió, no tendría efectos fiscales gravosos para el Canal de Isabel II.
"No sigue el consejo de Garrigues", dicen las anotaciones manuscritas. / CADENA SER
"No sigue el consejo de Garrigues", dicen las anotaciones manuscritas. / CADENA SER
Respecto a la valoración de la empresa, el Canal de Isabel contó con tres informes, uno de ellos de la propia compañía, otro del banco de inversiones que gestionaba la operación en nombre de la sociedad vendedora, y un tercero de CAP-AFI, una empresa de asesoría y consultoría que trabaja con numerosas administraciones públicas. En este caso, CAP-AFI había sido contratada por TECVASA, firma que participó junto con el Canal de Isabel II en la operación de Colombia. Entre las notas manuscritas que llevaban a Cuatrecasas a corregir sus borradores, la investigación ha encontrado una en la que se indica que hay que eliminar la referencia que habían escrito los expertos de la firma de abogados a que la firma CAP-AFI era de "reconocida solvencia".
"De esto tampoco se informó al Consejo", apuntan las anotaciones. / CADENA SER
"De esto tampoco se informó al Consejo", apuntan las anotaciones. / CADENA SER
Respecto al precio pagado por el Canal de Isabel II, se hicieron tres valoraciones previas a la compra de la colombiana Inassa que fijaban una horquilla que iba de los 97 millones de dólares a los 87 millones. La operación se cerró por 73 millones de dólares.
En una conversación grabada a Ignacio González por orden judicial, este sostenía que "Alberto Ruiz-Gallardón hizo una operación, no sé si estaba Alberto pero desde luego su gente sí, compraron por 100 millones una sociedad que no valía ni 30" y presumía de tener un dictamen de Cuatrecasas sobre la operación que nunca había hecho público.
El exsocio director de Cuatrecasas Julián García Rubí ha admitido ante el juez Manuel García Castellón que incorporaban a sus distintos borradores las indicaciones que les remitían desde el Canal de Isabel II y que ninguno de los riesgos que identificaban en el informe se han confirmado 16 años después. También aclaró el juez que el departamento de Penal de su bufete no intervino en la elaboración del informe porque no vieron ningún indicio de delito de la operación de compra de Inassa.
Desde que el Canal de Isabel II adquirió por 73 millones de dólares el 75% de la sociedad colombiana de aguas Inassa, la compañía ha obtenido al menos 60 millones de euros de beneficios, ha pagado con fondos propios el crédito de 51 millones que solicitó para la compra y ahora, cuando la Comunidad de Madrid ha decidido venderla, tiene un valor calculado de 200 millones de euros.
