El Govern gastó 29 millones de euros en promover el procés en el extranjero

Madrid

Desde la aplicación del artículo 155, el Gobierno central ha cerrado todas las delegaciones de la Generalitat en el exterior, excepto la de Bruselas, cuya actividad se centra en la defensa de los intereses de la autonomía catalana ante la Unión Europea. La actuación de todas las demás, un total de 11, no quedaba dentro del marco de la Constitución ni era conforme a la Ley de Acción Exterior según esas mismas fuentes.

La clausura de estas oficinas ha resultado complicada en algunos casos ya que los responsables de las mismas oponían resistencia, pero en el momento actual sólo quedan pendientes de resolución asuntos menores como la entrega de las llaves o el traslado del mobiliario.

El siguiente paso que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo es la liquidación de Diplocat, el organismo que funcionaba como un cuerpo diplomático propio de la Generalitat. Se ha intentado, siempre según la versión oficial, una intervención de mínimos que no resultara invasiva, y se solicitó a la Generalitat la recolocación en otros destinos de los empleados de las delegaciones que se vieran afectados. El gobierno catalán no ha respondido a esa petición y ahora el cierre se traducirá en un Expediente de Regulación de Empleo que ya está activado y que afectará a un total de 52 personas, la mayoría en delegaciones.

Durante el proceso de liquidación se han localizado importantes y elevados gastos en tarjetas de crédito. Las fuentes consultadas consideran probable que fueran destinados a financiar actos relacionados con el proceso independentista.

Se estima que todo el proceso de liquidación estará terminado para el 15 de abril. Incluso ante la posibilidad de que para esa fecha ya haya nuevo gobierno en Cataluña, el servicio Diplocat no volverá a estar operativo. En caso de que los nuevos dirigentes al frente de la Generalitat decidieran intentar reactivarlo, el gobierno central acudiría a los tribunales.

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