El director de Prisiones niega ante la juez su responsabilidad por la adjudicación "a dedo" de puestos de trabajo
El Secretario General de Prisiones, Ángel Yuste; el subsecretario, Luis Aguilera, y una subdirectora han negado haber adjudicado "a dedo" traslados y puestos de trabajo en Prisiones en su declaración este martes omo imputados por delitos de malversación y prevaricación
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, durante una comparecencia en 2014 / EFE
Madrid
La magistrada del juzgado de Instrucción Num. 25 de Madrid ha tomado declaración este martes en calidad de investigados al director de prisiones, Ángel Yuste; el subsecretario, Luis Aguilera y la subdirectora de recursos humanos, Ana María Velasco, por adjudicar supuestamente de manera irregular plazas de funcionarios de prisiones en el concurso convocado el pasado 28 de marzo de 2017, según la denuncia admitida a trámite del sindicato ACAIP.
Según fuentes presentes en los interrogatorios consultadas por la Cadena SER, el máximo responsable de Prisiones, Ángel Yuste, ha negado cualquier responsabilidad y competencia en materia de contratación y en política de distribución de puestos de trabajo, en referencia a los numerosos traslados denunciados por los representantes de los funcionarios de prisiones afectados.
A preguntas de la magistrada, Raquel Gómez Robles, los tres altos cargos de Interior han defendido la legalidad de las contrataciones y los traslados. Por parte de la subdirectora General de Recursos Humanos, Ana María Velasco, en este caso a preguntas de la acusación, ha manifestado que despachaba los asuntos del concurso de traslados y personal con Ángel Yuste. Según estas mismas fuentes, la subdirectora ha asegurado que Ángel Yuste era quien aprobaba cualquier término del procedimiento del concurso (número de plazas, necesidades de traslados etc. -) y si no estaba de acuerdo no se llevaba a cabo.
En el caso de Luis Aguilera, el subsecretario de Interior ha manifestado que no recordaba el detalle del concurso aunque sí ha dado información precisa sobre las plazas supuestamente adjudicadas "a dedo" y ha precisado que la Comisión Interministerial de Retribuciones de Haciencia (CECIR) sí aprobó las plazas denunciadas por el sindicato.
Falta de documentación clave
El sindicato ACAIP había solicitado a la jueza por escrito (lo hizo antes de los interrogatorios) aplazar las declaraciones ya que aseguran que Interior no ha remitido la información completa solicitada en la providencia en la que la juez citaba a los altos cargos de Interior como investigados. Según el sindicato, para el interrogatorio solo disponían de los expedientes con la Relación de Puestos de Trabajo de los centros penitenciarios de Ceuta y Archidona.
Además, la documentación se ha remitido a través de la Abogacía del Estado que lleva la defensa de los investigados. Ha sido la abogada de los tres cargos del ministerio quien ha aportado los expedientes de contratación de prisiones incluyendo un escrito de alegaciones a modo de defensa, término que ACAIP tacha de imparcial y aseguran que debían haber remitido los expedientes completos, sin alterar, y desde el ministerio del Interior.
Los abogados de la acusación consideran que ha habido contradicciones en las manifestaciones en relación a los puestos de trabajo creados 'ad hoc'. El sindicato asegura que no existían, se crearon "a dedo", y la dirección no recuerda que hayan sido aprobados. Por tanto, solicitan "de manera imperiosa la necesidad de la totalidad del expediente administrativo del concurso de traslados" según sus portavoces, ya que "hemos tenido que realizar nuestra acusación con acceso a 500 folios de un expediente que contiene unos 20.000 folios".
La acusación solicitará nuevas prácticas de diligencias, entre ellas, la declaración de los miembros de la comision de valoración de los puestos de trabajo y traslados.
