Una juez cita al máximo responsable de prisiones por un delito de prevaricación
El juzgado 25 de Madrid cita como investigados a tres altos cargos del Ministerio del Interior, entre ellos, al director de prisiones, Ángel Yuste; el subsecretario, Luis Aguilera y una subdirectora por adjudicar supuestamente de manera irregular plazas de funcionarios de prisiones
El director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste (izquierda) junto al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (derecha), durante el Consejo de Dirección integrado por los altos cargos del Departamento. / Ministerio Interior
Madrid
El juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha admitido a trámite la querella del sindicato de prisiones Acaip por un supuesto delito de prevaricación administrativa contra los máximos responsables de instituciones penitenciarias. La magistrada Raquel Gómez Robles, en un auto del pasado 8 de enero al que ha tenido acceso la Cadena SER, ha llamado a declarar a tres altos cargos del ministerio del Interior por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Se trata del máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste; Luis Aguilera, subsecretario del Ministerio; y Ana María Velasco, Subdirectora de Recursos Humanos de prisiones que tendrán que declarar el próximo día 20 de febrero.
Además, la magistrada ha ordenado practicar distintas diligencias para esclarecer si la cúpula de Instituciones Penitenciarias adjudicó 'a dedo' varios puestos de trabajo de funcionarios sin que cumplieran los requisitos necesarios. Para ello, pide a Interior entregar la documentación correspondiente al presupuesto y gasto vinculados al concurso convocado el pasado 28 de marzo de 2017 y distinta documentación relacionada con los puestos de trabajo que podrían haberse asignado de manera irregular, según la denuncia de ACAIP.
Plazas 'a dedo'
La denuncia de ACAIP se centra en un concurso de marzo del año pasado para cubrir puestos de trabajo en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que, según el sindicato, finalmente se nombró a funcionarios que no reunían los requisitos legales establecidos para dichas plazas, "adjudicaciones de puestos de plazas inexistentes" detalla el escrito.
La querella, que aporta parte de la documentación del concurso, denuncia la falta de trasparencia durante el proceso de adjudicación de plazas, ya que se habrían ocultado las actas del concurso a la Comisión de Valoración, las puntuaciones otorgadas a los candidatos además de la falta de respuesta a las alegaciones que presentaron los funcionarios que participaron en el concurso.
En concreto, denuncian una plaza de jefe de Gabinete en el centro penitenciario de Arrecife (Lanzarote) donde ya cuentan con dos Jefes de Gabinete; un puesto de coordinador en el centro de Inserción Social Manuel Montesinos; otro en la cárcel de Villabona (Asturias) y un jefe de servicios en el centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián.
Puestos que, según la querella admitida a trámite, estaban ya asignados a través de una sentencia judicial y que ha tenido como consecuencia que otros funcionarios hayan sido desplazados de sus destinos. "La obtención de las plazas no se justifica por criterios de mérito y capacidad sino por una conducta de mala fe y arbitraria pro parte de la Administración" y se han creado plazas ad hoc, según la querella, de consecuencias irreparables para los empleados afectados.
Plazas que afectan incluso a cárceles que no están en funcionamiento, como el centro penitenciario de Málaga II, el conocido como centro de Archidona donde Interior metió recientemente a unos 570 inmigrantes argelinos que había llegado a España de forma irregular. El centro no tiene todavía fecha de apertura y ya están asignados nombramientos, así como en los de Ceuta. Y señalan a la subdirectora de recursos humanos como responsable de retener "sine die" a funcionarios en su centro de origen mientras se asignan otros puestos 'a dedo'.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con el gabinete del Ministerio del Interior, que defiende las actuaciones de los tres altos cargos imputados y mantiene que no existe ningún tipo de irregularidad. De momento, no contemplan por tanto ni el cese de los investigados ni la apertura de un expediente o investigación interna.
