IU pide al Tribunal de Cuentas que fiscalice la inversión pública en los centros de inmigrantes
La coalición registra una iniciativa parlamentaria para analizar el control y la eficiencia de los fondos públicos destinados a estos centros, ante las denuncias por graves carencias en las instalaciones y recursos destinados a la atención de extranjeros adultos y menores
El coordinador federal de IU, Alberto Garzón / Chema Moya (EFE)
Madrid
Tras la polémica por la retención de centenares de inmigrantes en la cárcel de Archidona, Izquierda Unida lleva a las Cortes su ofensiva parlamentaria sobre la situación de los centros destinados a la población migrante.
La coalición liderada por Alberto Garzón ha registrado una iniciativa parlamentaria para que el Tribunal de Cuentas realice “un informe de fiscalización específico sobre el conjunto de Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Centros para Menores Extranjeros No acompañados (centros MENA) y centros de reforma para menores de carácter público o privado, si reciben cualquier tipo de ayuda pública, en el conjunto del Estado”.
La iniciativa, firmada por la diputada por Málaga Eva García Sempere, y que se someterá a debate en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Parlamento, pide en concreto "analizar la eficiencia de los recursos públicos que utilizan los CETI para dar servicios y prestaciones sociales básicas a los inmigrantes y solicitantes de asilo, de los recursos públicos de los CIE para prestar servicios de asistencia social y sanitaria, y de los recursos públicos destinados para cubrir las necesidades sociales de los menores que necesitan acogida”.
Izquierda Unida concreta así el trabajo de calle que viene realizando, en contacto directo con las asociaciones de defensa de los derechos humanos y con las instituciones implicadas, sobre las graves carencias detectadas en la gestión de determinados servicios que afectan a derechos fundamentales de importantes colectivos, en este caso el de las personas migrantes que han llegado a nuestro país.
Eva García Sempere encabezó la semana pasada una delegación política y técnica de IU que durante dos días comprobó estas circunstancias en Melilla, donde visitó, entre otras, las instalaciones del centro de La Purísima para conocer la situación que viven los menores acogidos allí.
Pudo comprobar el nivel de saturación de este centro, donde había habitaciones con hasta 28 menores que duermen en literas y en colchones en el suelo. Denunció que la forma de afrontar la sobreocupación de las instalaciones sea destinar para dormitorios aquellos espacios que los menores internados empleaban antes para otros fines que hacían más llevadera y digna su estancia.
García Sempere considera que si se tiene en cuenta el dinero público destinado, entre otros, a los centros de acogida de menores lo que parece es que “el problema no es sólo de dinero, sino de voluntad política para solucionar los problemas”. A su juicio, en Melilla existe en la práctica una “suspensión de derechos fundamentales” que no sería posible en otros territorios del Estado.
