Caso Palau, la Gürtel de Convergència

Madrid

El caso Palau es a Convergència lo que en su día fue el caso Filesa al PSOE o lo que puede ser el caso Bárcenas al PP. En el Tribunal Superior de Cataluña han sido procesadas 16 personas a las que se suma Convergència Democrática como partícipe a título lucrativo. Según la Fiscalía, este partido se financió ilegalmente con más de seis millones y medio de euros.

Tras una tormentosa instrucción que comenzó en 2009, el juez acabó procesando a los principales gestores del Palau de la Música, los conocidos Félix Millet y Jordi Montull, a exdirectivos de la constructora Ferrovial y de otras empresas más pequeñas por pagar mordidas... y al tesorero de Convergència por cobrarlas a través de la fundación del partido que también administraba.

La investigación, que se alargó siete años, y el desarrollo del juicio han acreditado cómo la empresa Ferrovial logró contratos millonarios del Gobierno de CiU para construir la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del Metro de Barcelona, por ejemplo, a cambio de financiar ilegalmente a Convergència a través de una fórmula especialmente oscura.

Las supuestas mordidas, de casi 6,7 millones de euros hasta 2009, se pagaban a través del Palau con la excusa de un supuesto patrocinio cultural, según la Fiscalía. De hecho, esa es la cantidad que el fiscal reclama a Convergencia o "a la formación que la haya sucedido". Es decir, que el cambio de nombre, no le va a librar del reproche penal... y económico si finalmente lo hay.

Sin embargo, los líderes de Convergència siempre han negado la financiación ilegal de su partido. Artur Mas, que dimitió la semana pasada como presidente del PDeCat, jamás ha admitido irregularidad alguna. A mediados de 2013, cuando la Fiscalía acusó a Convergència de financiarse ilegalmente, Artur Mas aseguraba que "la palabra de la Fiscalía no es palabra de Dios, porque ha cometido muchos errores. Estoy convencido de que será un  error".

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Sin embargo, en esta ocasión, durante la celebración del juicio, hubo una revelación que no es muy habitual en este tipo de casos: la confesión del principal acusado. El presidente del Palau, Félix Millet, durante años lo negó todo, pero al ver la contundencia de las pruebas y, a cambio de que la Fiscalía rebajara la petición de cárcel de más de 27 años a menos de 15, lo contó con toda su crudeza. Su confesión sentencia al partido que ha gobernado Cataluña 31 de los 38 años de la etapa democrática: "Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergència a cambio de obra pública que Convergència le daba. Esta es la verdad". 

Millet detalló además cómo era el reparto de las mordidas entre él, el director del Palau, Jordi Montull, y Convergència: "Nos repartíamos el 2,5% para Convergència y un 1% para mí y 0,5% para Montull". 

El director del Palau, Jordi Montull, también confesó e incriminó a Convergència en el cobro de comisiones ilegales. Lo hizo a cambio de una rebaja en la petición de condena para él (de 27 años de prisión a 10), y sobre todo para su hija, Gemma Montull, que se encargaba de las finanzas del Palau. La Fiscalía rebajó la petición para ella de 26 años de prisión a 3.

En los años en los que se produjeron los hechos, Convergència tuvo dos tesoreros,  uno ya fallecido y el otro, Daniel Osácar, para quien la Fiscalía pide 8 años de cárcel. A pesar de la confesión de Millet y Montull, Osácar lo negó todo.

Esas confesiones de los principales responsables del Palau tras pactar con la Fiscalía sirvieron de excusa a Convergència para intentar desacreditar toda la causa. Artur Mas lo verbalizó hace nueve meses: "Mi confianza en el señor Daniel Osácar era y es plena; confío más en su palabra que en la del señor Millet y el señor Montull. El señor Osácar no ha pactado nada con la Fiscalía y también se enfrenta a unas determinadas penas".

Entonces, si está acreditada la financiación ilegal de Convergencia... ¿por qué las responsabilidades penales se quedan en el tesorero del partido y no van más arriba? Esa duda la respondió el propio fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, en su escrito de conclusiones definitivas. Dijo que: "La lógica apunta a que tales dirigentes -en referencia a los tesoreros de Convergencia- debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado". Esa es la razón; en justicia lo que no se puede probar no existe aunque, como dijo el fiscal Sánchez Ulled en el propio juicio, la lógica lleve a esa conclusión.

En su alegato final en el juicio, el tesorero Daniel Osácar trató de tocar la fibra sensible del tribunal. Dijo que cómo iba a participar él en el saqueo del Palau si "lo llevaba en el corazón". No se cuestiona que llevara al Palau en el corazón, lo que está en cuestión es lo que llevaba al bolsillo de atrás de Convergència.