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Libertad expresión

La Fiscalía acusa a Cassandra Vera de "esconderse bajo un pseudónimo" para reírse de Carrero Blanco en Twitter

El escrito con el que el Ministerio Público pide al Supremo confirmar la condena de un año de cárcel, impuesta por chistes en Twitter sobre el asesinato del militar a manos de ETA acusa a esta joven transexual de ocultarse tras un "pseudónimo" en la red

La acusada durante el juicio en la Audiencia Nacional / Ballesteros (EFE)

La acusada durante el juicio en la Audiencia Nacional

Madrid

La Fiscalía solicitó hace meses al Tribunal Supremo que confirmarse la condena de un año de cárcel impuesta a la joven murciana Cassandra Vera por hacer varios chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA en su cuenta de Twitter: un escrito en el que el Ministerio Público, entre otras cosas, acusa a esta joven transexual de "esconderse bajo el pseudónimo de Cassandra".

La Audiencia Nacional condenó en marzo del año pasado a un año de prisión a esta joven murciana, detenida durante una de las fases de la conocida como "operación Araña", por una decena de comentarios, fotos y chistes vertidos en su cuenta personal de Twitter sobre el asesinato del militar franquista Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973, cuando ostentaba la presidencia del gobierno por mandato del dictador. Los abogados de la joven presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando su absolución, y poco después la Fiscalía del alto tribunal presentó su propio escrito solicitando que se inadmitan todos sus motivos.

Un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER y en el que la Fiscalía, entre otras cosas, rechaza que la joven incurriese en un error de prohibición al escribir esos mensajes en Twitter sin saber que podía estar incurriendo en un delito. "No existe ningún dato que permita suponer que el sujeto pensase que estaba llevando a cabo acciones totalmente lícitas", dice la Fiscalía, sino todo lo contrario. "Existen datos para sostener que (desde una valoración paralela del autor en la esfera del profano) el sujeto sabía que estaba realizando hechos patentemente ilíticitos. Entre otros, ¿por qué si era tan legal lo que hacía se escondía bajo el pseudónimo de Cassandra?", dice el escrito de impugnación del Ministerio Público.

Cassandra Vera en una imagen de archivo

Cassandra Vera en una imagen de archivo / Lerena

Cassandra Vera en una imagen de archivo

Cassandra Vera en una imagen de archivo / Lerena

La identidad sexual de esta joven murciana transexual ya fue objeto de polémica durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, donde la joven criticó con dureza que la Fiscalía y posteriormente la propia sentencia se refiriesen a ella como Ramón, cuando ella se identifica como Cassandra aunque todavía no ha formalizado su cambio de nombre ante el Registro Civil.

Cárcel e inhabilitación

En su escrito, la Fiscalía impugna punto por punto los argumentos del recurso, pidiendo al Tribunal Supremo que confirme la condena de un año de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional en marzo del año pasado. "La condena no supone la criminalización de opiniones malsonantes o de mal gusto, sino la sanción de actuaciones dirigidas a humillar a una víctima del terrorismo de ETA y sus familiares", dice la Fiscalía en su escrito. 

El Ministerio Público también hace suyos los argumentos de la sentencia recurrida para explicar que Vera "actuó con ánimo de despreciar, deshonrar y burlarse de personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo, distanciándose de la mera ironía y saludable ambiente humorístico que preconiza". Igualmente, la Fiscalía rechaza que deba aplicarse ningún tipo de atenuante ya que, entre otras cosas, "no ha mostrado ni siquiera el menor arrepentimiento", como ya dijo la sentencia.

Con respecto a la pena de inhabilitación de siete años impuesta también por la Audiencia Nacional a esta estudiante con aspiraciones, según ha dicho ella misma, de ser docente. "Su aplicación es perfectamente legal", dice la Fiscalía, asegurando que "no se le cierra toda posibilidad de trabajo en el sector educativo", alegando que la inhabilitación sólo afectaría a su acceso a la educación pública como profesora, "pero no en el sector privado".

 
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