El Tribunal de Cuentas da por cubierta la fianza provisional de 5,2 millones de Artur Mas
El Tribunal da por completada la fianza por los gastos del 9-N con el embargo de las cinco viviendas de Artur Mas, sus tres exconsejeros Irene Rigau, Francesc Homs y Joana Ortega y el exsecretario de Presidencia, Jordi Vilajoana
Una vez afianzados los gastos presuntamente irregulares, el tribunal abrirá el plazo para que las partes denuncien
El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, el pasado 1 de diciembre a las puertas del Tribunal Supremo donde acudió para pedir la libertad de los exconsejeros en prisión. / JUAN MEDINA (Reuters)
Madrid
El Tribunal de Cuentas ha dado por completada la fianza provisional por los gastos públicos en la consulta del 9-N tras comprobar el valor de la tasación de las viviendas que aportaron cinco de los acusados, el expresident Artur Mas, los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, y el exsecretario de presidencia Jordi Vilajoana.
El organismo ha dado ya traslado a los registros civiles para que traben el embargo de sus casas y ha remitido a los letrados la conformidad de la fianza provisional, en total 5,2 millones de euros, de los cuales 2.9 millones fueron ingresados en efectivo por las organizaciones independentistas ANC y Ómnium Cultural, y el resto, 2,3 millones de euros, ha sido aportado en inmuebles.
El objetivo de la denuncia contra la consulta independentista del 9-N, suspendida por el Tribunal Constitucional, es precisamente el reintegro de los fondos públicos empleados en el referéndun celebrado en 2014 y organizado desde la Generalitat. En este sentido, el Tribunal de Cuentas tiene la potestad de afianzar en la fase previa del procedimiento para asegurar el pago en caso de condena por irregularidad contable.
¿Y ahora qué?
A partir de ahora, tras el embargo preventivo del total de la fianza, comienza el procedimiento ordinario. El tribunal abrirá un plazo a las partes para presentar las correspondientes demandas. Lo previsible es que presenten denuncian la Sociedad Civil Catalana (los primeros en denunciar ante el tribunal los gastos) y el ministerio fiscal, ante la previsible ausencia de denuncia de la Generalitat. Según fuentes del tribunal, lo habitual es que sea la institución quien denuncie como perjudicada aunque en este caso el gobierno catalán está ejercidiendo prácticamente como defensa de los acusados.
Tras las demandas, se abrirá el plazo de alegaciones a las partes que tendrán veinte días para responder al tribunal.
La primera vista oral será a cargo de la sección de enjuiciamiento del Departamento Segundo del Tribunal de Cuentas, con la magistrada Margarita Mariscal al frente. Una vez haya sentencia será recurrible ante la Sala de Enjuiciamiento presidida por el consejero Felipe García Ortíz junto a dos consejeros que no hayan participado en las fases previas del procedimento por responsabilidad contable.
No hay un plazo fijo pero es probable que en uno seis meses Artur Mas y los miembros de su antiguo Gobierno tengan la primera sentencia que dicte qué gastos de la consulta del 9-N deben pagar de su bolsillo.
