El PP será juzgado por borrar los ordenadores de Bárcenas para destruir pruebas de la caja B
La jueza Rosa María Freire desoye la petición de archivo del Partido Popular y emite auto de apertura de juicio oral por delitos de encubrimiento y daños informáticos contra la formación conservadora, su tesorera y el representante legal entre otros
El PP se sentará en el banquillo por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas / VÍDEO: ATLAS
Madrid
La titular del juzgado número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha ordenado la apertura de juicio oral por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, con lo que confirma el banquillo para el Partido Popular por un delito de daños informáticos. Será el primer partido en la historia de la democracia española con una acusación penal. La juez también actúa contra la tesorera, Carmen Navarro, y el representante legal del PP, Alberto Durán, así como para otro empleado del partido, a quienes también atribuye un delito de encubrimiento del que no puede ser acusado una persona jurídica como el PP.
Para la jueza, hay sólidos indicios de que el Partido Popular borró y rayó 35 veces hasta su destrucción definitiva los discos duros de Bárcenas, para ocultar pruebas en el caso de la caja b del PP que se investiga en la Audiencia Nacional.
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La jueza rechaza la aplicación de la doctrina Botín
La formación conservadora pidió el archivo amparándose en la 'doctrina Botín', ya que ha retirado su acusación el titular de los ordenadores y por tanto quien tenía un interés directo en la causa, Luis Bárcenas, y tampoco acusa la Fiscalía. Pero la juez ha desoído la petición del partido. Rosa María Freire hace suya la argumentación de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que con el borrado de los equipos "se impidió una diligencia relevante en una causa criminal de indudable trascendencia", al destruir pruebas del caso de la caja B, e interpreta que existe una "íntima conexión" entre los delitos de daños informáticos y de encubrimiento.
Para la juez, esta circunstancia "impide apreciar" la naturaleza "estrictamente privada" del delito de daños informáticos y la consiguiente aplicación de la 'doctrina Botín'. La juez sostiene así que la causa puede tener un interés general, con lo que no sería de aplicación este dogma. En cualquier caso, deja la resolución de esta cuestión en el "órgano de enjuiciamiento" durante la celebración del juicio oral.
Las acusaciones populares de ADADE, IU y Observatori Desc concluyen que no puede aplicarse en este caso la 'doctrina Botín' porque con el borrado de los ordenadores de Bárcenas se cometió un delito de encubrimiento que causó un "daño irreparable" a la causa de la caja B del PP que se instruye en la Audiencia Nacional, perjudicando de este modo al interés general: "El de la justicia que afecta a todos los españoles" en palabras de la letrada del Observatori Desc, Isabel Elbal.
Evocan también el caso de la infanta Cristina, que fue juzgada por la Audiencia Provincial de Palma tan solo con la acusación popular del pseudosindicato Manos Limpias. En aquel procedimiento, no existía una acusación particular ni la Fiscalía o la Abogacía del Estado quisieron sentarla en el banquillo, pero el tribunal acordó su enjuiciamiento y rechazó aplicar la 'doctrina Botín'.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado 15 de noviembre el procesamiento del PP y del resto de acusados por destruir los ordenadores de Bárcenas en los que según su testimonio, guardaba "información sensible" sobre la caja B del Partido Popular.
Las acusaciones piden hasta dos años de cárcel para la tesorera Carmen Navarro, y multas para el PP así como que sea suspendido de actividad durante 6 meses, y tenga prohibido obtener donaciones privadas durante 5 años.
