El PP se escuda en la 'doctrina Botín' para evitar el banquillo por borrar los ordenadores de Bárcenas
El letrado del PP emplea el modo imperativo al aseverar que “debe ser apartado con carácter inmediato” el partido político del procedimiento, porque solo las acusaciones populares reclaman su procesamiento. Para reforzar su posición, el PP atribuye por primera vez a Bárcenas la propiedad de los ordenadores. La iniciativa no prosperará en este momento procesal, con lo que el PP se sentará en el banquillo. La Audiencia Provincial de Palma ya permitió juzgar a la infanta sin acusación particular o del fiscal. El PP está acusado de delitos informáticos y encubrimiento por destruir pruebas del caso de la caja b, con el borrado de los equipos informáticos del extesorero
El extesorero del PP Luis Bárcenas, en una foto de archivo / EFE
Madrid
El Partido Popular intenta evitar convertirse en la primera formación política de la historia de la democracia española en sentarse en el banquillo por una acusación penal. Ante la ausencia de acusaciones directas en el caso, porque tanto el dueño de los ordenadores destruidos, Luis Bárcenas, como la Fiscalía, han desistido de ejercer ese derecho, el PP ha invocado la 'doctrina Botín' para que la causa sea archivada.
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Esta doctrina fue establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia 1045/2007, que permitió al fallecido expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, librarse de ser juzgado por las cesiones de crédito que comercializaba la entidad.
No obstante, según fuentes jurídicas, la iniciativa no prosperará en este momento procesal, porque la juez instructora Rosa María Freire tiene la intención de ordenar la apertura del juicio oral, y dejar que sea el tribunal sentenciador el que decida si debe aplicarse o no la doctrina Botín, con lo que en cualquier caso, el PP llegará a sentarse en el banquillo.
En su escrito, dirigido a la juez Freire, el letrado del Partido Popular utiliza el imperativo para exigir que la formación política sea apartada “con carácter inmediato” de la causa porque una persona jurídica no puede ser acusada de un delito de encubrimiento. Añade que el delito de daños informáticos decae porque solo persiguen su enjuiciamiento las acusaciones populares de ADADE, Observatori Desc e Izquierda Unida, que carecen de un interés particular y directo en la causa.
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El PP admite por primera vez que Bárcenas “es el único titular” de los ordenadores. Añade que el fiscal no acusa, y por primera vez atribuye al extesorero Bárcenas la titularidad de los ordenadores para reforzar su petición, cuando antes pleiteó con él por esta cuestión. Dice de Bárcenas que es “el único titular del bien jurídico protegido” por el delito. Por ello, el PP entiende que procede la aplicación de la 'doctrina Botín'.
El argumento utilizado es el mismo para la tesorera del PP, Carmen Navarro, acusada de ambos delitos, y para el resto de procesados. Afirma el abogado que si en aplicación de esta doctrina no pueden ser juzgados del delito de daños informáticos que es el delito fuente, tampoco del encubrimiento porque en los ordenadores se encontraban las supuestas pruebas de la caja b que se pretendían destruir. Nada hay que encubrir si no existen los daños informáticos, sostiene el PP.
El borrado “sistemático” de los ordenadores causó un “daño irreparable” al caso
Sin embargo, las acusaciones populares concluyen que no puede aplicarse en este caso la 'doctrina Botín' porque con el borrado de los ordenadores de Bárcenas se cometió un delito de encubrimiento que causó un "daño irreparable" a la causa de la caja b del PP que se instruye en la Audiencia Nacional, perjudicando de este modo al interés general: “El de la justicia que afecta a todos los españoles” en palabras de la letrada del Observatori Desc, Isabel Elbal.
Evocan también el caso de la infanta Cristina, que fue juzgada por la Audiencia Provincial de Palma tan solo con la acusación popular del pseudosindicato Manos Limpias. En aquel procedimiento, no existía una acusación particular ni la Fiscalía o la Abogacía del Estado quisieron sentarla en el banquillo, pero el tribunal acordó su enjuiciamiento y rechazó aplicar la 'doctrina Botín'.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado 15 de noviembre el procesamiento del PP y del resto de acusados por borrar y rayar 35 veces hasta la destrucción definitiva los ordenadores de Bárcenas, en los que según su testimonio, guardaba información sensible sobre la caja b del Partido Popular.
Las acusaciones piden hasta dos años de cárcel para la tesorera Carmen Navarro, y multas para el PP así como que sea suspendido de actividad durante 6 meses, y prohibido obtener donaciones privadas durante 5 años.
