El exjefe de los Mossos pide salir de prisión porque acató el 155 "sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia"

Madrid

La defensa del exconseller de interior, Joaquim Forn, ha recurrido en apelación el ingreso de prisión acordado por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. El recurso del despacho Martell Abogados señala que la fuga de su cliente "es absolutamente impensable", que no puede destruir pruebas ni influir en testigos porque está "desvestido de autoridad" y que al igual que los miembros de la mesa del Parlament que están en libertad "acató la aplicación del artículo 155 sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia". El recurso no menciona el otro requisito que cumplieron los investigados por el Tribunal Supremo: ejercer la actividad política futura "renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional", tal y como recogió en su auto el magistrado Pablo Llarena.

El recurso también aborda el delicado papel de Forn al frente de los 17.000 Mossos d´Esquadra para subrayar que no existe "la más mínima conducta tendente a poner ese cuerpo armado al servicio de dictados contrarios a la norma". Y destaca la indefensión que se produjo con la declaración judicial sin haber tenido margen para estudiar la querella de la fiscalía. En este punto critica la "dejadez de funciones" del Ministerio Público que no apoyó la suspensión de los interrogatorios.

Ausencia de elementos "prebélicos"

Por último, los letrados atacan los argumentos para atribuir a los investigados un delito de rebelión porque no existe la violencia. "Resulta notorio que el conflicto entre las instituciones gubernamentales y parlamentarias de Cataluña y las del Gobierno de la nación no se han desarrollado en los términos prebélicos que contempla el precepto del código penal", dice el recurso. En cuanto a las manifestaciones que impidieron la salida de la comitiva judicial de los registros ordenados por un juzgado de Barcelona se defiende alegando que Joaquim Forn "no intervino en actos de arenga e instigación" y cuestiona que se equipare violencia con intimidación a la hora de analizar esas concentraciones. De esta forma, sostiene, "todo hurto sería un robo" porque existiría la posibilidad de que se produjera violencia si el ladrón fuera descubierto y, además, supondría "atribuir el uso de la violencia a cualquier manifestación no autorizada"