Condenado un intérprete de farsi de la Audiencia Nacional por tráfico de personas
La Audiencia Nacional ha impuesto un año de cárcel a un intérprete de farsi, que había trabajado en la misma Audiencia, por formar parte de una red de tráfico de personas dedicada a introducir personas de origen iraní de forma irregular en España
El acusado ha sido condenado por un delito contra los derechos de los extranjeros / Getty Images
Madrid
La Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a un hombre que ha trabajado varias veces en la Audiencia Nacional como intérprete de farsi: según la Justicia, formaba parte de una organización dedicada al tráfico ilegal de personas y aprovechaba su trabajo para conseguir sus objetivos.
Según la sentencia, todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, este hombre de nacionalidad española y origen iraní trabajaba tanto en la Audiencia Nacional como también en el servicio de extranjería del aeropuerto madrileño de Barajas durante 2015 y 2016, y "valiéndose de su condición profesional propuso a ciudadanos iraníes carentes de la documentación legal pertinente la posibilidad de permanecer en España a cambio de una determinada cantidad de dinero".
Los jueces declaran probada su participación en media docena de casos, y explican que fue una de las personas a las que ofreció sus servicios quien, en calidad de testigo protegido, puso encima de la mesa la información clave para cimentar su condena: después de pasar un tiempo en Colombia, la organización le consiguió un pasaporte israelí falso y fue recibido por el intérprete a su llegada a Barajas, diciéndole "que no pidiera el asilo y que no firmara nada porque le dejarían en libertad y que él le ayudaría".
Explican los jueces de la sección cuarta de lo penal de la Audiencia Nacional que, por ejemplo, también habría participado en el intento de dar documentación falsa a una familia de origen iraní detenida en Murcia, buscándoles incluso alojamiento en un hotel de Madrid, y también que en su casa los investigadores encontraron material para falsificar documentación. "Pretendía instalarse por su cuenta con los contactos que ya tenía y establecer una organización de tráfico de personas", dijo el instructor de las diligencias policiales durante el juicio.
El resultado es una condena de un año de prisión, todavía recurrible ante el Supremo y que además no implicará su ingreso inmediato en la cárcel en caso de devenir en firme ya que carece de antecedenes penales. Consta en la sentencia que una de las personas que requirió sus servicios le pidió "conseguir una foto del juez encargado de su resolución" en la Audiencia Nacional.
