La reforma del reglamento del Parlament seguirá suspendida cautelarmente

Madrid

Según fuentes del alto tribunal, no parece probable que los jueces modifiquen la decisión adoptada por ellos mismos por unanimidad el pasado mes de julio, que anula la aprobación en lectura única de los actos preparativos para el referéndum.

La reunión está prevista para las 17:30 y, según fuentes del alto tribunal, el pleno debatirá exclusivamente sobre si se mantiene la medida de suspensión, acordada para los próximos cinco meses, o bien se levanta esta decisión del pleno aunque, en ningún caso, el auto que dicten los magistrados entrará en el fondo del asunto. Es decir, en el estudio de si esa forma exprés para aprobar la ley del referéndum es acorde con la Constitución Española.

Juzgar intenciones

El Govern sostiene que la suspensión se produce en "un recurso meramente interpretativo, contrario al principio de presunción de la constitucionalidad de las leyes", porque se anula un procedimiento (la lectura única para las proposiciones de ley) que está asumido de forma similar en otros parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados.

El Govern también considera que "el TC no puede juzgar ni el contexto político en el que se aprueba esta reforma del Reglamento del Parlament, ni las intenciones que la parte recurrente intuye en el legislador de Cataluña".

El recurso alega que se ha producido un "abuso de derecho" por parte del Gobierno, y denuncia que "a todas luces es desproporcionado, excesivo, contrario a las reglas de la buena fe procesal y, en definitiva, abusivo, acudir a la impugnación en sede constitucional de una norma como es el reglamento de una cámara parlamentaria". De ahí, que solicite al Tribunal de Garantías, que "impida el abuso de derecho y la desviación de poder que resultan de la impugnación planteada".

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Preparados para otro pleno

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Gonzalez Rivas, ya dejó preparado el terreno para la celebración de futuros plenos durante el mes de agosto y declaro "hábil a efectos jurídicos" el mes con lo que los 12 magistrados podrán reunirse y adoptar las resoluciones necesarias si el Gobierno presenta impugnaciones contra las decisiones que vaya acordando el Parlament. Los jueces consideran que cualquier recurso presentado debe ser interpretado como un "incidente de ejecución del asunto principal" y, por tanto, de forma automática, procederán a la suspensión de los acuerdos que apruebe el Parlament siempre que estén orientados o sean preparatorios para la celebración del referéndum de octubre.