Un informe interno del gobierno catalán acredita el amaño de contratos para empresas que financiaron a Convergència

Madrid

El actual gobierno catalán inició en octubre de 2015 una investigación interna sobre la corrupción en la adjudicación de contratos, cuando el juez de El Vendrell ya seguía la pista sobre la financiación ilegal de la antigua Convergència en relación con obras y servicios pagados con dinero público. Esa investigación dio lugar a un exhaustivo informe, al que ha tenido acceso la cadena SER y esta mañana ha adelantado  El Español, en el que se concluye que hubo múltiples contratos amañados a través de la revisión de las calificaciones que llevaba a cabo la Oficina Técnica de Evaluación, de manera que no se adjudicaba la obra o el servicio a la empresa que mejor oferta había hecho.

En esta investigación interna participaron responsables de cinco consejerías del gobierno catalán: Presidencia, Territorio, Enseñanza, Economía y Relaciones Institucionales. Tras analizar la documentación de la que pudieron disponer, no toda la necesaria según aclara el informe, llegaron a la conclusión de que había múltiples contratos en que las revisiones de las calificaciones afectaron directamente al adjudicatario final, que no era la empresa que, según los técnicos, había hecho la mejor oferta.

En muchos contratos los adjudicatarios finales son dos firmas que, según la investigación judicial, financiaron ilegalmente a la antigua Convergencia a través de sus fundaciones. Es la constructora Oproler, de Sergi Lerma y Romero Gamero. Las dos constructoras según la investigación judicial hicieron donaciones a Convergència a través de Catdem y Forum Barcelona.

El informe se detiene en tres obras en las que afirma que hubo una revisión intencionada y en las que finalmente se alteró el resultado de la adjudicación. En otra de las obras, según reconoce el propio informe, hubo un presunto intento de manipulación pero no llegó a buen puerto. La tres obras amañadas son un centro de salud y dos reformas en escuelas que se hicieron por parte de la Generalitat de Artur Mas.

Como conclusión final, el escrito subraya que las alteraciones de orden en las puntuaciones eran más importantes al inicio del periodo del estudio. El informe destaca tres licitaciones de adjudicación que tuvieron lugar entre enero y febrero del 2102, las ofertas mejor valoradas en la puntuación final partían de la posición 21, 40 y 20. Estos tres casos de hecho están siendo investigados judicialmente. En el resto de los casos se salta de la séptima posición a la primera.

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