El Congreso reprueba al 'número dos' de Interior por su reunión con el hermano de Ignacio González
Es la segunda censura parlamentaria de un miembro del Gobierno en apenas un mes tras la de Catalá y la cúpula fiscal
El secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado / Sergio Barrenechea (EFE)
Madrid
El PSOE exige el cese de José Antonio Nieto por las sospechas de chivatazo al hermano de Ignacio González, imputado por graves delitos de corrupción en el caso Lezo. Con el apoyo mayoritario de la oposición frente al voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos y PNV, la reprobación ha salido adelante.
Suma y sigue en los reproches parlamentarios al Gobierno por los casos de corrupción. Un mes después de que el Congreso aprobara la primera reprobación a un ministro en activo, así como a la cúpula fiscal, el PSOE ha impulsado hoy la del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por recibir en su despacho el pasado 8 de marzo a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y encarcelado junto a éste por el caso Lezo.
Los socialistas piden en la moción el cese de Nieto ante los graves indicios y sospechas que pesan sobre su actuación al reunirse con un investigado por graves delitos de corrupción, actualmente en la cárcel, y vinculado con una trama de corrupción ligada al PP. También reprochan la falta de explicaciones mínimamente creíbles ofrecidas por el secretario de Estado de Seguridad en su comparecencia en el Congreso el pasado mes de abril. Entonces, Nieto se declaró víctima de una “cacería política”, negó conocer que Pablo González estaba siendo investigado judicialmente y rechazó haberle puesto sobre aviso.
Pese a la abstención de Ciudadanos y PNV, la reprobación ha prosperado ya que tanto Unidos Podemos como ERC, el Partido Demócrata Catalán, Compromís y Bildu han dado su apoyo a la misma. En el caso de la reprobación al ministro Rafael Catalá y la cúpula fiscal, sólo el PP se opuso.
No es la única reprobación parlamentaria en marcha que promueve el PSOE. Los socialistas activarán el miércoles la del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la anulación de la amnistía fiscal por parte del Tribunal Constitucional. El procedimiento será el de una interpelación parlamentaria al ministro en la sesión de control al Gobierno para llevar a votación su reprobación la próxima semana en el último pleno del periodo ordinario de sesiones.
La reprobación parlamentaria tiene un indudable coste político pero no va más allá de un reproche simbólico ya que nada obliga al Gobierno a destituir al ministro o al secretario de Estado reprobados por el Congreso. Precisamente para endurecer esas consecuencias, Compromís propone una reforma del Reglamento de modo que se obligue al presidente del Gobierno a comparecer en el pleno tras la reprobación de cualquier miembro de su Gabinete, para dar la cara y explicar ante la Cámara por qué decide mantenerlo en el puesto. Una propuesta que la formación valenciana ha trasladado al resto de grupos para poder consensuarla y trasladarla a una reforma del Reglamento de la Cámara.
