Tribunales | Actualidad
Caso Púnica

El juez Velasco pide al Supremo que impute a la senadora del PP Pilar Barreiro por cinco delitos

El magistrado ve "indicios fundados" de la comisión de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación y cohecho, cuando la senadora "abusó de su poder" para contratar como alcaldesa de Cartagena al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para que limpiara la imagen de la política del PP en las redes sociales con dinero público, "consumando" el "plan defraudador" y "criminal"

Barreiro, llegando al Tribunal Supremo a declarar, junto a sus abogados, en una imagen de archivo / EFE

Barreiro, llegando al Tribunal Supremo a declarar, junto a sus abogados, en una imagen de archivo

Madrid

El todavía titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha remitido al Tribunal Supremo su exposición razonada para que investigue a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por contratar a la Púnica para lavar su imagen personal con dinero público.

En el texto de 35 páginas al que ha tenido acceso la Cadena SER, el juez destaca que Barreiro “abusó de su cargo” al frente del ayuntamiento de Cartagena para ejecutar “el plan defraudador” y “criminal” de la puesta en marcha de sus redes sociales y la creación de un diario digital “a su servicio”, que costeó el consistorio “subrepticiamente”.

El magistrado censura el “desvío de fondos públicos a favor de las empresas de la trama”, con el único objetivo de “beneficiar a Pilar Barreiro” con los trabajos que Alejandro de Pedro realizaba.

El juez expone en su texto la numerosa prueba recabada por los investigadores, como la asistencia de la propia senadora “a reuniones donde germinó” la operación criminal en detrimento del erario público, o los testimonios de Alejandro de Pedro y de su director comercial, Francisco Javier Bueno, quienes admitieron los trabajos de reputación para Barreiro.

Las pruebas, según el juez, no solo han corroborado “la elaboración del plan criminal”, sino la puesta en marcha de “artificios para llevarlo a cabo”, fingiendo el cumplimiento de la legalidad y falsificando facturas para ocultar los hechos.

 
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