Los sindicatos de la estiba irán a la huelga sin renunciar al diálogo
El Congreso ha dado luz verde al decreto del sector de la estiba
El Congreso aprueba a la segunda la reforma de la estiba / VÍDEO ATLAS
Madrid
Resuelto el problema político de convalidar en el Congreso su decreto de reforma de la estiba portuaria, el gobierno ha de afrontar ahora la conflictividad laboral que se anuncia por el rechazo de los sindicatos a una norma que desde su punto de vista no garantiza el empleo en las condiciones actuales.
El gobierno ha remitido a patronal y sindicatos el borrador de un segundo decreto, sin rango de ley, que establece que "organizaciones sindicales y asociaciones empresariales podrán establecer mediante un acuerdo estatal o un convenio colectivo de igual ámbito las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo" de los estibadores actuales.
Los sindicatos presionarán con la huelga. Insisten en que no han llamado a los trabajadores a realizar acciones de otro tipo, Pero la patronal Anesco vuelve a decir, como en febrero, que está bajando la productividad.
Presión y negociación
Pero en paralelo a la nueva conflictividad en ciernes los sindicatos no se cierran a negociar. Antolín Goya, líder del sindicato mayoritario, la Coordinadora de Estibadores, decía tras el pleno del Congreso que "le vamos a dar una oportunidad a esa mesa de diálogo con las empresas. Vamos a intentar de forma ordenada y normalizada conseguir los objetivos que nos faltan en este momento". Y el prioritario y en principio clave en el conflicto será la garantía del empleo. Y ha sugerido el próximo lunes 22 como fecha para una primera reunión, dos días antes de la primera jornada de huelga convocada.
Anesco no se ha pronunciado oficialmente, pero fuentes próximas dan por hecho que habrá ese diálogo. El gobierno, en cambio, se pone de perfil. Sostiene que las partes tienen plena capacidad para llegar a acuerdos.
¿Dinero por empleo?
En el acuerdo alcanzado con los sindicatos a finales de marzo -no aceptado por el gobierno- la patronal pedía compensaciones a cambio de mantener los contratos actuales, que se suponen más caros que los de un futuro mercado laboral liberalizado en el sector. Subyace el argumento de que eso ahorraría a Puertos del Estado las indemnizaciones por despido que establece el real decreto que se acaba de aprobar, que podrían sumar hasta 350 millones de euros, según han reconocido responsables de este organismo público. No es descartable que el gobierno vuelva negociar.
