Por qué el juez y las fiscales rechazan pedir "de momento" la imputación de Cristina Cifuentes
A pesar del contundente informe de la UCO de la Guardia Civil, el juez y las fiscales del caso Púnica no ven responsabilidad penal en la presidenta madrileña por lo que respecta a la adjudicación irregular de la cafetería de la asamblea de Madrid, debido a que ninguno de los implicados le ha señalado en el presunto amaño y había más políticos en los órganos decisorios. Es “indemostrable” su participación en la trampa, “a no ser que alguien la acuse con pruebas”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a su llegada a la firma del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana / Fernando Villar (EFE)
Madrid
Ni el juez Eloy Velasco ni las fiscales Anticorrupción son partidarios ahora, y "por el momento", de pedir la imputación de Cristina Cifuentes porque no ven base penal contra ella. Entienden que existen irregularidades en la mesa de contratación y en el comité de expertos que valoraron de forma arbitraria la adjudicación de la cafetería de la asamblea de Madrid a favor de Arturo Fernández.
Pero no puede demostrarse que esas irregularidades o ilícitos penales según la UCO, el propio amaño del contrato, fueran cometidos por Cristina Cifuentes. Y ello por diversas razones. Porque ninguno de los técnicos que formaron parte de la mesa de contratación o del comité de expertos ha apuntado a Cifuentes como la perpetradora de la trampa; ni tampoco el beneficiario, Arturo Fernández, quien fue interrogado con insistencia por el juez por la posible implicación de la presidenta madrileña, y éste negó participación alguna.
Además, en las mesas que decidieron la adjudicación a Arturo Fernández, no solo estaba Cristina Cifuentes, sino otros políticos de distintos partidos, y tampoco tenían por qué saber del amaño. Los informes erróneos o incluso amañados los redactaron y aportaron los técnicos. Puede atribuirse negligencia en la evaluación a los políticos, incluida Cifuentes, sostienen las fuentes jurídicas consultadas, pero si ninguno de los técnicos señala al político que ordenó el amaño, no hay base para actuar contra él.
