La Fiscalía pide que Dancausa, Pablo González y 14 altos cargos declaren como imputados por un delito societario en Mercamadrid
La Fiscalía de Madrid ha presentado denuncia por delito societario contra la delegada del Gobierno en la época de Ana Botella, Concepción Dancausa; el hermano de Ignacio González, Pablo González, como director de operaciones de Mercasa; y otros catorce cargos públicos
La operación de Mercaocio fue desvelada por la SER en julio de 2015. El ayuntamiento de Carmena lo investigó y elaboró un informé que remitió a la Fiscalía Anticorrupción
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en una foto de archivo. / GETTY IMAGES
Madrid
Después de un año de diligencias de investigación de la operación Mercaocio en Mercamadrid la Fiscalía de Madrid ve un posible delito societario y ha presentado denuncia contra la delegada del Gobierno del PP, Concepción Dancausa; el hermano de Ignacio González, Pablo González, y 14 altos cargos que intervinieron en la operación tanto del consejo de la empresa mixta, el Ayuntamiento en la epoca de Ana Botella y Mercasa en 2013.
Para la Fiscalía, según el escrito al que ha tenido acceso la SER, los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Mercaocio han supuesto un agujero millonario y "un importante perjuicio patrimonial" a las arcas públicas de Mercamadrid y a la vez ha permitido "un enriquecimiento ilícito para Mercaocio"
La operación se remonta a 2001 -y así lo incluye la fiscalía en la denuncia- cuando Mercamadrid convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.000 metros cuadrados con el objetivo de construir y explotar un hotel e instalaciones para servicios de restauración. En la operación se adjudicaron los terrenos a la empresa Mercaocio, propiedad del dueño del Algarrobico, José Domingo Rodríguez Losada. En marzo de 2010, Mercaocio dejó de abonar el canon de derecho de superficie y Mercamadrid emprendió acciones judiciales al tiempo que Mercaocio exigió una indemnización por daños y perjuicios de 8 millones de euros.
La fiscalía recuerda que Mercamadrid aportó incluso pruebas de que Mercaocio había llevado a cabo actividades por las que se negaba a pagar y por tanto, no cabía indemnización. Finalmente, la Vicepresidenta Segunda de Mercamadrid, Dolores Flores, y el director general de Mercamadrid, José Manuel Tordecilla, dieron luz verde a un acuerdo favorable a los particulares. Se blindó un contrato de alquiler por 14 millones de euro hasta el año 2032 con la supuesta intención de levantar un área de productos de denominación de origen del que a día de hoy no hay ni rastro.
Todos los contratos están firmados por la coordinadora de Economía en el Ayuntamiento de Madrid, Dolores Flores, bajo la presidencia en Mercamadrid de Concepción Dancausa. Una de las cláusulas del documento establece que si se resolviera el contrato antes del año 2032 por decisión de Mercamadrid, ésta deberá "indemnizar a Mercaocio con una cantidad equivalente a la renta que quede por cumplir".
En julio de 2015 la cadena SER desveló esta operación y el Ayuntamiento de Manuela Carmena y el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, remitieron a la Fiscalía un escrito de 28 folios con el detalle de los contratos firmados por el anterior consistorio y denunciaron malversación de caudales públicos.
En el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid, con fecha de 3 de abril, el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, da traslado de las diligencias al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid para su reparto por un "delito societario del art. 295 del Código Penal" tras unas diligencias de investigación que arrancaron el pasado 1 de septiembre de 2016.
¿Qué habría enriquecimiento ilícito?
Dancausa respeta, pero no comparte la decisión de la Fiscalía
En un comunicado, Concepción Dancausa ha explicado que respeto la decisión que ha tomado la Fiscalía Superior de Madrid, pero que no la comparte “en absoluto”. Añade que “no obstante, si los Tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para facilitarles la labor”.
La exdelegada del Gobierno en Madrid dice en la nota que se ratifica en las declaraciones que hizo cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió presentar la denuncia. “El origen de esta operación se remonta a 2001. Las actuaciones de las que estamos hablando contaban con todos los informes jurídicos y económicos favorables y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración”, asegura en el comunicado.
Finaliza la nota diciendo que quiere dejar claro que “el objetivo de la gestión que se realizó en Mercamadrid durante el año y medio que fui presidenta fue velar por el mejor interés de la empresa en un momento muy complicado, puesto que estábamos sufriendo el efecto de los peores momentos de la crisis”.
