Juristas cubanos presentan el registro de asociaciones civiles

Madrid

El régimen cubano no tolera la disidencia política, tampoco permite el libre mercado, apenas hay autónomos o cuentapropistas como les llaman allí, y controla todos los aspectos de una sociedad donde el “papá estado” maneja todos los hilos.

Pero un grupo de juristas reunidos en la Asociación Jurídica Cubana, un organismo independiente del Estado, se ha registrado como sociedad y quiere abrir las puertas para que otros grupos sociales puedan hacerlo. Desde los grupos que defienden las diferencias de género, hasta los ecologistas, pasando por los amantes de los animales o las nuevas tecnologías. Sin olvidar a las asociaciones de derechos civiles y humanitarios.

La inscripción en este registro no otorga personalidad jurídica a la organización inscrita, pero sí reporta beneficios aledaños. La publicidad de su existencia, la homologación con otra similares a nivel internacional.

El jurista Wilfredo Vallín es uno de los creadores de esta asociación de juristas. Este abogado de 68 años es un convencido de la democracia y del estado de derecho y lucha porque en Cuba se establezca un marco legal donde la ley sea igual para todos. Esta asociación surge por la trabas políticas y jurídicas que hay en Cuba para que cualquier grupo independiente del gobierno tenga visibilidad o reconocimiento público. El propósito fundacional de AJC es ayudar a los ciudadanos cubanos en sus problemas legales y difundir el conocimiento jurídico entre la población de forma absolutamente gratuita, a cuanta persona la necesite , sin importar en absoluto su filiación política-ideológica.

Los abusos y excesos del gobierno castrista, dejando de lado los derechos de los ciudadanos ha llevado a Vallín a crear materiales didácticos que permitan a la gente conocer sus derechos. Contaba este letrado que empezó impartiendo pequeños seminarios en casa particulares de 10 a 20 personas, hasta que la policía política del régimen se enteró y le prohibieron salir de su casa. Actualmente el define su asociación, como una agrupación no autorizada, pero sí tolerada.

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Asociaciones de identidad de género, medioambientales, ecologistas, animalistas, defensoras de los derechos humanos, feministas o de cualquier otro tipo, podrán ahora aparecer en un registro que tiene el respaldo de la asociación de abogados independientes de la isla.

Han presentado en Madrid su proyecto, auspiciados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.