Austria plantea endurecer sus medidas contra los solicitantes de asilo rechazados

Madrid

La coalición centrista de Austria, compuesta por el Partido Socialdemócrata (SPÖ) y el Partido Popular (FPÖ), ha aceptado un proyecto de ley para que las autoridades del país dejen de proporcionar comida y alojamiento a todos aquellos solicitantes de asilo rechazados que se nieguen a abandonar el país.

Este proyecto de ley, que todavía deberá ser aprobado por el Parlamento austriaco para hacerse oficial, incluye multas de hasta 5.000 euros y penas de prisión de tres semanas para todos aquellos inmigrantes que mientan sobre su identidad con el objetivo de mantenerse en el país. Se trata de una de las reformas más amplias de las leyes sobre extranjería en el país de los últimos años.

Los servicios básicos para los inmigrantes en Austria

En la actualidad, todos aquellos solicitantes de asilo en Austria reciben servicios básicos que incluyen alojamiento, alimentos, acceso al servicio sanitario y 40 euros al mes. Por esa misma razón, en 2015, el país que cuenta con una población de 8,5 millones de habitantes, recibió un total de 90.000 solicitantes de asilo, lo que corresponde a más de un uno por ciento de su población.

A raíz de aquello, el país optó por endurecer las restricciones y ha contribuido, entre otras cosas, al cierre de la ruta de los Balcanes, por donde llegan la mayoría de las personas que huyen de Oriente Próximo con destino a Alemania. El ministro de Interior austriaco, Wolfgang Sobotka, ha asegurado que todos aquellos inmigrantes cuyo asilo sea rechazado y se niegue a abandonar el país deberá atenerse a las consecuencias: "Lo más importante es básicamente que no reciban nada por parte del Estado austriaco si no tienen el derecho de estar aquí. ¿Es tan difícil de entender?", ha asegurado el ministro Sobotka.

La respuesta de Acnur sobre el proyecto de ley

Pese a que todavía deberá ser aprobada por el Parlamento antes de hacerse realidad, la oficina austriaca del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ya se ha posicionado contra el proyecto de ley. La organización ha asegurado que esta medida es "altamente cuestionable".

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Al mismo tiempo, también ha pedido a los legisladores que se lo piensen dos veces antes de aceptar esta medida. Mientras tanto, Sobotka ha explicado unas 4.000 personas recibieron servicios básicos cuando deberían haber salido del país. La aprobación de esta ley afectaría a cerca de 2.000 inmigrantes que se niegan a abandonar el país.