Los estibadores acusan al Gobierno de querer "quitarles de en medio"

Madrid

El portavoz de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores Portuarios, Miguel Rodríguez, ha asegurado que "el registro de los estibadores en las sociedades anónimas de gestión a través de las que se canaliza el trabajo en los puertos está amparado por la Organización Internacional del Trabajo y refrendado por el Gobierno español" y cree que que la interpretación que el Gobierno ha hecho de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para elaborar su decreto ley no es tal. "Se reunieron con nosotros el primer día y nos dijeron que despedirían a la gente en los próximos tres años pero sin aportar documentos".

Según Rodríguez el propósito del Gobierno es "quitar de en medio a un colectivo de trabajadores con capacidad de organización y de negociación, es lo que han hecho con todos los colectivos que han tenido posibilidad de unas condiciones dignas, han metido empresas de trabajo temporal para tener contratos precarios y contratos mileuristas. En este caso, lo que proponen es que la carga y descarga de mercancías lo puedan hacer trabajadores de los propios buques".

El portavoz de la Coordinadora ha explicado que ellos ya han dado solución a algunas de las cuestiones que plantea la sentencia europea. Por ejemplo, que las empresas estén voluntariamente inscritas en esas sociedades y que contraten a los trabajadores que quieran. Sólo han impuesto la condición de que ese personal contratado tenga una garantía de formación.

El Gobierno niega despidos

El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, ha negado que el decreto ley pretenda el despido de ningún trabajador sino que "facilita a través de ayudas de las Autoridades Portuarias, la subrogación de los trabajadores y que no suponga una carga a las empresas de estiba". Gómez Pomar ha explicado que la nueva regulación facilitará que a "las empresas no les suponga asumir ningún coste por la antigüedad de los trabajadores que contraten". Ese coste lo asumirían las Autoridades Portuarias. Según la explicación del Gobierno, la ley se ajusta al criterio de la Comisión Europea para que "las empresas puedan contratar trabajadores libremente sin que sea obligatorio contratar a los trabajadores inscritos en esas sociedades de gestión".

El negocio de la estiba (carga y descarga de mercancías en puertos del Estado) es clave en el comercio exterior. De hecho, canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones. Está previsto que el decreto ley se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo viernes 17 de febrero. Si no hay acuerdo los estibadores han convocado una huelga los días 20, 22 y 24 de febrero.

Únete al canal de WhatsApp de la SER