Cuando MAFO esquivó la imputación
En el último año, tanto el juez instructor del 'caso Bankia' como la sala de lo penal han rechazado imputar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez: la sala ha cambiado su criterio tras estudiar los correos electrónicos de un inspector del Banco de España
Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el Congreso de los Diputados en una imagen de archivo / EFE
Madrid
Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Madrid, 1945) tendrá que volver a la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre la salida a bolsa de Bankia en 2011, pero tendrá que hacerlo acompañado de un abogado y en calidad de investigado. La sección tercera de la sala de lo penal ha decidido ordenar al juez Fernando Andreu que le interrogue junto con su homólogo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y otros seis miembros de estos dos organismos que supervisaron el proceso de salida a bolsa junto con BFA. Los jueces han estudiado las nuevas pruebas y piden su declaración, pero no siempre lo han tenido tan claro: sólo en el último año, su declaración ha sido rechazada tres veces.
Anteriormente, peticiones del autoproclamado sindicato Manos Limpias quedaron en el cajón. El año pasado, ya por iniciativa de la Confederación Intersindical de Crédito, la primera negativa llegaba en julio: el juez Fernando Andreu, instructor del caso, explicaba que la investigación pivotaba en una posible estafa a los accionistas de Bankia, y que ese delito requería de una participación directa y un dolo específico, no sólo la inobservancia del Banco de España y la CNMV. Calificó entonces la petición de la Confederación Intersindical de Crédito de "prueba impertinente, inútil e infundada" , reprochando incluso al abogado Andrés Herzog un "inadecuado enfoque del proceso" y adelantando ya entonces que la instrucción se encontraba muy avanzada.
En ese auto del uno de julio el juez instructor también ponía muy alto el listón de la imputación para los altos cargos del Banco de España y la CNMV: todos los trabajadores de estos dos organismos tendrían que haber intervenido en el falseamiento de las cuentas de Bankia antes de la salida a bolsa, que es el verdadero objeto de la investigación. "Supondría que todos los funcionarios intervinientes participaran de forma consciente y voluntaria" en este falseamiento.
Dos sentencias denegatorias
En este auto, el juez Andreu expresaba sus argumentos y ponía además dos sentencias encima de la mesa: dos resoluciones de la misma sección de lo contencioso de la Audiencia Nacional dictadas a finales de 2015 que rechazaban la responsabilidad del Banco de España y la CNMV en el boquete económico que la salida a bolsa de Bankia dejó en los bolsillos de muchos inversores cuando sus acciones se desplomaron.
La primera de estas sentencias estudiaba el caso de tres personas que suscribieron 13.883 acciones y que reclamaban los 32.898,05 euros que habían perdido en la operación. Los jueces se referían sólo al Banco de España para asegurar que su intervención en la salida a bolsa "no tendría la entidad suficiente para atribuirle el daño que se reclama". Un mes mas tarde, los mismos jueces rechazaban la reclamación conjunta de 65 inversores y aseguraba que el precio de sus acciones era algo "cuyo control escapa a las competencias y funciones del Banco de España.
Ambas sentencias, dictadas por los mismos magistrados, incidían en una idea: la compra de acciones es una decisión del inversor cuyo precio "dependen de la evolución del mercado bursátil" y a "los avatares del mercado", sin que puedan ver "dónde se encuentra la actuación del Banco de España generadora de la disminución patrimonial" de los que vendieron sus acciones a la mitad del precio de compra.
Cuatro correos clave
Para entonces, ni el juez Fernando Andreu ni la sala de lo penal habían visto los correos electrónicos que el Banco de España aportó en septiembre de ese año: emails enviados entre abril y mayo de 2011, dos meses antes de la salida a bolsa, en los que el jefe de inspección del supervisor bancario advertía sobre el desastre que podía suponer la operación. Emails que, por ejemplo, destacaban que la conjunción de Bankia y BFA "no es viable", que era "el primer paso para nacionalizar las pérdidas, algo injusto" o que "no funcionará y creará quebranto en el contribuyente".
La sala de lo penal explica que para cuando la petición llego en apelación a sus manos, no había podido examinar los correos, y rechazó la declaración de MAFO el siete de octubre.
Correos informales y espontáneos
Quien sí tiene una opinión formada sobre estos correos aportados por el Banco de España es el juez que lleva cinco años investigando la salida a bolsa de Bankia: Fernando Andreu. El pasado 28 de noviembre volvió a rechazar la petición de interrogar como imputado a MAFO afirmó que había examinado los cuatro correos para después asegurar que "nada revelan" sobre el posible falseamiento de las cuentas de la entidad. Destacaba el magistrado el "carácter informal y espontáneo" de los emails, asegurando que reflejan una opinión tan "personal" como "fundada".
En su auto, además de restar importancia probatoria a los correos, Andreu también dejaba caer su opinión sobre la posible imputación de altos cargos del Banco de España y la CNMV: "No puede exigirse la garantía absoluta de que no se produzcan decisiones erróneas, sin que la mera existencia de disfunciones constituya per se título de imputación suficiente para reclamar una responsabilidad de carácter penal.
En contra de su voluntad - y del criterio de la Fiscalía - Andreu tendrá que interrogar a MAFO, a Julio Segura y a otros seis exresponsables de la supervisión de la salida a bolsa de Bankia. La misma sala de lo penal que hace unos meses no lo veía una prueba procedente entiende que los nuevos correos dan un giro al caso, suficiente como para enfocar la investigación no sólo a Bankia y BFA sino también a Banco de España y CNMV por haber permitido la catástrofe a sabiendas de que no era viable.
