El Supremo confirma el asilo a un militar desertor del genocidio de Ruanda
Los jueces condenan en costas al Ministerio de Interior y confirman que un testigo protegido de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el conflicto, un militar desertor del ejército, debe gozar del asilo subsidiario
Un hombre observa los nombres de las personas asesinadas durante el genocidio en Ruanda, en el Centro Conmemorativo del genocidio en Kigali / EFE / EPA
Madrid
El Tribunal Supremo ha confirmado la concesión de asilo subsidiario a un militar desertor del ejército ruandés que participó en el genocidio que asoló el país en la década de los noventa. Los jueces confirman que debe concedérsele la protección subsidiaria porque fue designado testigo protegido en la investigación dirigida por el juez Fernando Andreu sobre la muerte de nueve españoles en el genocidio.
La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo a la que ha tenido acceso la Cadena SER confirma la decisión tomada el pasado mes de enero por la Audiencia Nacional de conceder la protección subsidiaria a este militar desertor, revocando la negativa del Ministerio del Interior y condenando además en costas a la administración con cuatro mil euros.
Según fuentes del caso, el reclamante fue declarado testigo protegido en 2009 por parte del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en el marco de la investigación de la muerte de nueve españoles en el genocidio de Ruanda que se cobró la vida de varios millones de personas, la mayoría de etnia hutu, entre 1994 y el 2000. Desertó y terminó prestando declaración en el proceso, definido como fuentes del caso como "una de las principales pruebas de cargo" de las acusaciones.
En un primer momento, el Ministerio de Interior decidió denegarle tanto el asilo como la protección subsidiaria a comienzos de 2014: aseguró el departamento que dirigía entonces Jorge Fernández Díaz que "nada ha acreditado sobre la realidad de una persecución personal que pudiera encuadrarse en el asilo, ya que relata unos hechos que incluso pudieran hacerle merecedor de una causa de exclusión, por su reconocimiento de haber participado en graves conductas contra la humanidad entre 1994 y 2000". El ejecutivo español tomaba nota de su confesión implícita al desertar y ponía incluso encima de la mesa los artículos contenidos en la Convención de Ginebra y la ley española de Asilo.
Ni los jueces del Supremo ni los de la Audiencia Nacional discuten que su relato no ha quedado acreditado, pero sí tienen en cuenta, tal y como también explicó ACNUR en su informe sobre el caso, su condición de testigo protegido y circunstancias específicas, concediéndole la denominada protección subsidiaria. "Ese hecho revela que no puede descartarse el riesgo de amenazas graves", explican el Tribunal Supremo, que desestima el recurso de la Abogacía del Estado y condena a la administración a pagar 4.000 euros de las costas del proceso.
Cuarenta militares procesados
La investigación iniciada por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en torno a la muerte de nueve españoles en el segundo mayor genocidio del último siglo después del holocausto judío perpetrado por los nazis, es una de las pocas que ha sobrevivido parcialmente a la reforma de la justicia universal ejecutada por el gobierno de Mariano Rajoy en la pasada legislatura. El juez decidió archivarla pero el Tribunal Supremo dictó que ese sobreseimiento fuese provisional por si nuevos indicios adaptaban el caso a las exigencias de la nueva normativa: por ejemplo, que alguno de los cuarenta altos cargos del gobierno de Ruanda procesados por Andreu pisase territorio español.
La investigación abierta a raíz de una querella interpuesta en 2005 por el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos cruzó fronteras: el gobierno ruandés calificó al juez instructor como "racista y negacionista" y el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, terminó anulando una reunión en la Moncloa en 2010 con su homólogo de Kigali, Paul Kagame, cuando ambos fueron designados por la ONU para copresidir la revisión de los denominados Objetivos del Milenio.
A mediados del año pasado, el juez Andreu reclamó al Reino Unido la entrega del militar ruandés Emmanuel Karenzi Karake, reclamado desde 2008. En noviembre de 2015, la Fiscalía General de Ruanda anunció la apertura de una investigación por la muerte de los nueve españoles (dos sacerdotes, tres cooperantes de Médicos del Mundo y cuatro Hermanos Maristas), mientras que los tribunales franceses también han tomado parte, por ejemplo confirmando recientemente la condena a 25 años de prisión al exmilitar Pascal Simbikangwa por la masacre de 800.000 personas de etnia tutsi en 1994.
