Un juez multa a Bélgica a pagar 4.000 euros diarios por rechazar un visado
El gobierno belga rechaza conceder el visado a unos sirios de Alepo amigos de unos belgas alegando que dárselo podría sentar un precedente
Explosiones cerca de la ciudadela de Alepo en los barrios orientales de Alepo (Siria) / STR (EFE)
Bruselas
Parecía una pequeña historia sin futuro, una familia belga quiere acoger en su casa a unos amigos que viven en Alepo. Son sirios y, por miedo a abrir un precedente, el gobierno se opone. Pero los jueces han dado la razón condenando al secretario de Estado de Inmigración, Theo Francken, en representación del gobierno de Bélgica, a pagar 4.000 euros diarios de multa por cada día que pase sin cumplirse la sentencia.
Desde hace una semana, la política belga se ve distorsionada por este caso de ayuda humanitaria, convertido en bandera, contra la que el gobierno de derecha ultraliberal belga ha empezado a asfixiarse, en otra pelea abierta entre el mundo francófono, demo-cristiano y social-demócrata, frente al flamenco, donde la neoderecha de la NVA pelea por conservar los votos de la ultra derecha.
El 20 de octubre llegó la primera decisión judicial. El Consejo de Contenciosos para la Inmigración decidió que el gobierno debía acordar un visado para esta familia de Alepo a la que esperan sus amigos de Namur. Desde entonces el caso ha llegado al Tribunal de Primera Instancia y a la Corte de Casación que han ratificado la decisión sin lograr que el gobierno entregara el visado.
“Son unos matones”, nos dice el abogado Olivier Stein exasperado por la actitud del secretario de Estado de la Inmigración, Theo Francken, una joven promesa de la NVA, el partido flamenco del alcalde de Amberes en abierta campaña contra “los jueces partidistas” que quieren gobernar. Un slogan que han adoptado grupos de derecha radical en un intento de desautorizar a la justicia de la parte francófona del país.
“El gobierno rechaza respetar la decisión de la justicia o sea que nos encontramos ante un caso en el que el gobierno se niega a respetar el estado de derecho”, continua explicando a la Cadena SER este abogado.
Olivier Stein es uno de los representantes legales de esta familia, en lucha para que sus amigos escapen de la guerra mientras el gobierno teme que el precedente abra una nueva vía de llegada hasta Europa. “El nuestro es un caso muy especial que hemos tenido que explicar en detalle o sea que no creo que pueda generalizarse pero es evidente que es mejor llegar así que a través de pasantes que les obligan a cruzar el mar”, añade. Y es que el de Namur no es el único caso de solidaridad familiar que está ante los tribunales belgas que han decidido pedir la intervención del Tribunal Europeo de Luxemburgo, vía pregunta pre judicial.
Aunque por el momento, este puede costar descrédito y dinero al gobierno liberal de derechas condenado a pagar 4.000 euros por cada día que incumpla la sentencia. Multa que llega ya a los 20.000 euros y que un ujier de los juzgados intentará cobrar en el despacho del secretario de Estado para la Inmigración mientras mantiene que presentará un recurso de casación.
