La Justicia investiga si Pedro Sanz cometió delito al convertir su casa de aperos en un chalé de 200 m²

Madrid

La juez sustituta del juzgado de instrucción número tres de Logroño ha abierto una investigación contra el exalcalde de Villamediana de Iregua, Tomás Santolaya, y los concejales que legalizaron la vivienda del entonces presidente de la región y actual vicepresidente del Senado, Pedro Sanz. En un auto al que ha tenido acceso la Cadena SER aprecia indicios de delitos urbanísticos y de prevaricación por haber aprobado en 2013 el plan general de Villamediana de Iregua que legalizó la construcción de 69 viviendas en suelo no urbanizable, entre ellas las de Pedro Sanz. La investigación por delito urbanístico también se dirige contra Sanz, como promotor de su reforma, que convirtió una casa de aperos de 20 metros cuadrados en un chalet de dos plantas y casi 200 metros cuadrados. Al ser aforado, si la juez encontrara indicios de delito tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo.

Dice el auto que "resulta indiciario, presuntivamente extraño y contrario a criterios urbanísticos objetivos que el plan general haya legalizado tales construcciones". Este plan, añade la juez, "en la medida en que legaliza construcciones de viviendas sin cumplir los requisitos constituye una resolución contraria a la ley que provoca un resultado injusto y que solo pretende hacer efectiva la voluntad particular de los funcionarios que intervienen". "Debemos averiguar", señala "si esa decisión discrecional del planeamiento municipal se ha basado en motivos espurios que anteponen la voluntad de quienes votan a favor de la aprobación del plan general a las disposiciones de la ley por permitir la legalización de la vivienda del [entonces] presidente del gobierno de La Rioja". Y es que los indicios que obran en la investigación, concluye, "podrían evidenciar la realidad de una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo sino de favorecer a una persona y unos intereses en particular" y podríamos estar "ante delitos de prevaricación en materia de urbanismo que escapan del ámbito municipal y llegan al autonómico".

El auto es muy duro contra los responsables públicos que han legalizado la vivienda del dirigente del PP. De hecho, la juez escribe que desde que se inició la investigación por la denuncia de la fiscalía de medio ambiente y "por el lugar donde se ubica Villamediana de Iregua, la vega del río Iregua, se impone sin necesidad de especiales conocimientos técnicos en urbanismo que una parte del suelo construido es suelo no urbanizable especialmente protegido".

69 viviendas investigadas

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El auto aprecia indicios de un delito urbanístico cometido por los promotores de las obras, en el caso de Sanzfue él mismo, y los funcionarios que las autorizaron pero además apunta el delito de prevaricación en el que habrían incurrido el alcalde y el concejal de urbanismo por haber permitido que las viviendas se engancharan a los sistemas de agua y de electricidad.

El alcalde y el concejal de urbanismo "serían autores de un delito de urbanismo por no ordenar la realización de inspecciones obligatorias que establece la ley desde que los promotores empezaron a construir la vivienda o ampliaron caseta de aperos". Así, subraya "la respuesta penal sería el castigo de los hechos como delito urbanístico y la respuesta urbanística sería la demolición". Ambos serían también autores de un delito de prevaricación por haber "concedido autorizaciones de enganche a la red general de agua y de energía eléctrica". Y ello porque a pesar de que "debían desarrollar la función de policía, dictaron resoluciones arbitrarias que permitían la creación paulatina de nuevos núcleos urbanos al dotar de abastecimiento de agua y de energía eléctrica desde la red general municipal a parcelas enclavadas en suelo no urbanizable". La única manera de ajustarse a la ley, afirma, "era negando las licencias porque la prohibición de construir viviendas en suelo urbanizable protegido de huerta tradicional no es una mera directriz política básica en urbanismo, sino una norma de obligado cumplimiento". "El alcalde y el concejal de urbanismo lo sabían", explica, "pero decidieron hacer prevalecer su voluntad de dotar de servicios propios a parcelas situadas en suelo no urbanizable interpretando que la demanda social debería estar por encima de las disposiciones legales".

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La juez activa la investigación y ya avanza la declaración como investigados del exalcalde de Villamediana de Iregua y de los concejales que votaron a favor del plan general. Además, pide los nombres de los miembros de la comisión de urbanismo del Gobierno de La Rioja, que entonces presidía Pedro Sanz, y que validaron el citado plan urbanístico para legalizar su vivienda. Las diligencias de investigación también afectan al expresidente de La Rioja y actual vicepresidente del Senado. Primero porque actuó como promotor de sus obras y segundo porque se reclama la identidad de los propietarios de las viviendas investigadas, la extensión de las parcelas y la distancia que hay entre ellas, así como las fechas de construcción y de enganche a la red de agua y energía.

El PSOE de La Rioja pide explicaciones

El secretario general del PSOE riojano, César Luena, ha exigido al vicepresidente primero del Senado y presidente del PP de La Rioja, Pedro Sanz, que dé ya explicaciones, sin esperar a ser llamado por el juzgado, sobre la investigación judicial a la que es sometido su chalé. Luena ha asegurado que Sanz "instigó a la legalizacion de su chalé obligando a que los concejales que aprobaron el plan general municipal cometieran un delito de prevaricación".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, se ha preguntado qué va a hacer Mariano Rajoy después de conocerse que la Justicia investigará a Pedro Sanz, si como en otras ocasiones "hablará bien de él" y luego se referirá a él como "aquella persona de la que usted me habla".