La Fiscalía acusa a Globalia de un fraude de 22 millones de euros en las subvenciones de Fomento
El fiscal pide que Globalia devuelva al Estado 22,6 millones de euros y pague una multa de 9,5 millones por fraude continuado en la venta de billetes de avión a residentes en las islas.
La fiscalía también reclama que la compañía de Pepe Hidalgo no pueda presentarse a concurso público, recibir subvenciones o ayudas.
El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo (EFE) / EFE
La Fiscalía de la Audiencia ha presentado el escrito de acusación contra el Grupo Globalia, presidido por el empresario Juan José Hidalgo, en el ‘caso Residentes’ por haber estado percibiendo subvenciones del Ministerio de Fomento para el descuento en la venta de billetes a las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla por encima de lo que le correspondía.
Según el escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la fiscalía pide una multa de 9,6 millones de euros, la devolución de 22,6 millones de euros, así como la prohibición para que el grupo solicite subvenciones o ayudas públicas y no pueda acogerse a beneficios fiscales de la Seguridad Social durante 10 meses.
El fiscal explica en el escrito, presentado hoy tras el cierre de la instrucción, que la compañía habría liquidado a la administración importes subvencionables superiores al descuento del 50% para residentes que le correspondían por cada billete. Lo hizo “presentando, no la cantidad efectivamente cobrada, sino la cuantía máxima por tarifa aérea y gastos de emisión registrada en el ministerio de Fomento”.
El fraude investigado, entre los años 2010 y 2013, se habría llevado a cabo a través de una sociedad del Grupo Globalia desde donde se daban las órdenes al resto de las empresas del grupo “sobre los criterios a utilizar en las liquidaciones que debían emitir a la administración”.
El fiscal detalla que Air Europa, Viajes Halcón, Viajes Ecuador, Travelplan y Viajes Tu Billete, Pepe Travel, todas ellas pertenecientes al grupo Globalia, habrían defraudado mediante esta operativa más de 19 millones de euros. A esta cantidad, el fiscal le suma los correspondientes intereses, ascendiendo el total de la deuda a 22,8 millones que deberá devolver al Estado si se condena a la compañía.
De esta cantidad, la compañía ha consignado en el juzgado 15 millones de euros en noviembre de 2015 en concepto de responsabilidad. El fiscal tiene en cuenta como atenuante la disposición de Globalia de colaborar con la justicia después de que la compañia contratara a la auditora Pwc e implementara los controles internos de la compañía y entregara a la justicia "de manera inmediata" toda la documentación que se les pedía.
El ministerio público no ha podido determinar qué persona “concreta es el responsable de la decisión de facturar de la forma defraudatoria que se ha detectado” y, por tanto, el juez instructor Eloy Velasco solo llevará a juicio a la compañía como persona jurídica.
