Imputada la excúpula del PP de Toledo por la presunta mordida a Cospedal
Un juzgado de Toledo cita a declarar a los siete ediles de la antigua junta del PP en Toledo que concedieron a la empresa Sufi la gestión de las basuras en 2007
A cambio del contrato, la sociedad pagó supuestamente una mordida de al menos 200.000 euros para la campaña de María Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla La Mancha
La ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, recibe la cartera / Paco Campos (EFE)
Madrid
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Toledo ha citado a declarar como imputados, por un delito de prevaricación, a los siete antiguos miembros del equipo de Gobierno del PP en la localidad, que en 2007 concedieron a Sufi de forma irregular según la intervención del Estado, el contrato de las basuras en el municipio.
Se trata del exalcalde José Manuel Molina, el exconcejal de Hacienda y antiguo tesorero regional del PP, Lamberto García Pineda, y el también edil Fernando Sanz Domínguez. Los tres declararán como investigados el 22 de febrero del año próximo, mientras que el 1 de marzo comparecerán, también imputados, los exconcejales María José Rivas, Fernando Fernández, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano.
Los siete antiguos regidores componían la junta de Gobierno en Toledo que en 2007 adjudicó a Sufi, filial de Sacyr, las basuras de la localidad. Según la declaración de Luis Bárcenas, ese contrato fue concedido a cambio de una mordida de 700.000 euros para la campaña de María Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla-La Mancha aquel año.
Bárcenas aseguró que recogió y entregó parte del dinero, un total de 200.000 euros, al gerente regional del PP José Ángel Cañas, quien firmó un recibí aportado al procedimiento.
Documento con el "recibí" sobre la presunta comisión entregada al PP de Castilla La Mancha / CADENA SER
Cañas, imputado por el juez Pablo Ruz, admitió en su declaración que la firma era suya, pero negó haber recibido el dinero. Sostuvo que estampó su rúbrica en el papel porque temía a Bárcenas. La explicación enojó a Ruz, y fue contestada por el extesorero en abril de 2014: "si dice que firmó sin recibir el dinero, es que es imbécil".
El caso fue iniciado por el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional dentro de la investigación de la caja b del PP, aunque al final formó una pieza separada y lo remitió a Toledo, que ahora imputa al antiguo equipo de Gobierno por esos hechos.
Hubo trato de favor a la empresa que pagó la comisión a Cospedal
En un informe al juzgado de la Audiencia Nacional que inició el caso, la Intervención General del Estado concluyó que existió trato de favor a la empresa Sufi, ya que la ahora imputada junta de Gobierno del PP aprobó, cuatro días antes de las elecciones de 2007, una mejora de 11 millones de euros en el contrato a la concesionaria del servicio de basuras que según Bárcenas, pagó una comisión para la campaña de Cospedal a cambio de ese contrato.
Un alza en el precio que según la Intervención General del Estado, se adoptó "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos por lo que sería nulo de pleno derecho". La mejora ilegal acordada por el PP, fue ratificada meses más tarde por el gobierno socialista en Toledo "por responsabilidad", según el PSOE.
