El Defensor del Pueblo traslada a la Fiscalía General del Estado los testimonios de los internos del CIE de Aluche que denunciaron malos tratos policiales
Es el primer avance de la investigación que está llevando a cabo el Defensor del Pueblo sobre lo sucedido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid el 18 y 19 de octubre tras la protesta de un grupo de migrantes
Fachada de las instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche donde hoy los Miembros de la Comisión de Interior del Congreso visitan tras el motín protagonizado por medio centenar de internos el pasado día 18 de octubre. EFE Ser / Sergio Barrenechea (EFE)
Madrid
En una respuesta a las ONG que presentaron una queja ante la oficina del Defensor ( Coordinadora de Barrios, SOS Racismo, Pueblos Unidos y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura) exigiendo una investigación independiente, la institución que dirige Soledad Becerril señala ahora que "ha considerado necesario dar traslado a la Fiscalía General del Estado de las manifestaciones realizadas, por un grupo de internos que afirmaron haber sido objeto de malos tratos" por parte de la Policía Nacional después de haber terminado el motín.
En la visita los técnicos del Defensor del Pueblo, realizada el 26 y 27 de octubre, “mantuvieron entrevistas reservadas, con la asistencia de intérprete cuando fue necesario, con todos aquellos internos que lo solicitaron. Se están elaborando las conclusiones de la visita, de cuyo contenido se dará traslado a la Administración y posteriormente se publicarán en el sitio Web del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura” señala el escrito remitido a las ONG , al que ha tenido acceso la SER, y que lleva la firma de Francisco Fernández Marugán, Adjunto Primero del Defensor del Pueblo.
Los técnicos de la institución detectaron además la presencia de menores y de varias mujeres en situación de vulnerabilidad, ”durante la visita un grupo de personas alegaron ser menores de edad. Tan solo dos de ellas contaban con documentación acreditativa de su minoría de edad” se dice literalmente en la respuesta del Defensor del Pueblo que añade que “se detectó una situación de especial vulnerabilidad en dos de las mujeres internas. Se dio traslado de ello a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que ha puesto en libertad a una de ellas y facilitado los trámites para formular una solicitud de protección internacional a la otra”.
A la espera del informe definitivo del Defensor del Pueblo el otro escenario del que se esperan movimientos en los próximos días es el puramente judicial. La titular del juzgado encargado del control del CIE de Madrid, que también había tomado declaración a los internos que denunciaron los malos tratos – en una polémica toma de declaración porque estuvieron presentes policías mientras los internos hablaban con la jueza según denuncian varias ONG que acceden al CIE- debe decidir si da traslado al juzgado de instrucción pertinente para que investigue los hechos por la vía penal o archiva las diligencias.
