Mary Poppins y la ruina de Banco Madrid
El fiscal considera culpable el concurso de acreedores de la filial española de BPA y compara el caso con la escena de pánico bancario de la película Mary Poppins para exigir responsabilidades
Oficinas de Bando de Madrid en la capital / María Fernández (ACN)
Madrid
En la película Mary Poppins (1964), Walt Disney dejó para la posteridad una escena de auténtico pánico bancario: el pequeño Michael forcejea con el señor Dawes, director del banco en el que trabaja su padre, para que no se quede con los pocos peniques que lleva encima. En plena pelea, una mujer sospecha que el banco ha dejado de devolver su dinero a los clientes, y ordena a gritos sacar “hasta el último penique” de su cuenta. La incertidumbre se desata y en apenas unos minutos una avalancha de clientes anega las oficinas del banco, que termina cerrando sus puertas.
¿Quién es el culpable de la quiebra del banco? Para el fiscal que supervisa el concurso de acreedores de Banco Madrid, filial intervenida de la también intervenida Banca Privada de Andorra (BPA), la culpa es de los directivos del banco, que supuestamente hicieron la vista gorda con las prácticas de blanqueo de criminales rusos y chinos, y no de las autoridades estadounidenses que dieron la voz de alarma o de los acreedores que sacaron 124 millones de euros de sus cuentas en apenas tres días. Por esa razón, en un escrito al que ha tenido acceso la SER, el fiscal Carlos García-Berro hace esta comparación cinematográfica, pide que el concurso de la entidad sea calificado de culpable y que los antiguos responsables del banco, como el señor Dawes en Mary Poppins, tengan que devolver el dinero de su bolsillo y sean inhabilitados durante cinco años.
La historia de este hundimiento se remonta a hace un año y seis meses: las autoridades estadounidenses acusaban a la Banca Privada de Andorra (BPA) de permitir el blanqueo de capitales de organizaciones criminales rusas y chinas, y las fichas de dominó del desastre bancario empezaban a caer. Miles de pequeños y grandes accionistas sacaban su dinero del banco y Andorra nacionalizaba la entidad. Poco después, el Banco de España hacía lo mismo con Banco Madrid, la filial española de la entidad, de donde huyeron 124 millones en apenas tres días, según la Justicia, presa del “pánico”.
La crisis desembocó en diversos procesos judiciales, uno de ellos el concurso de acreedores de Banco Madrid que tramita el juzgado mercantil nº 1 de la capital: el fiscal que supervisa el concurso ha exigido por escrito que sean los exdirectivos y dueños de la filial los que paguen de su bolsillo el dinero perdido por los acreedores. En un informe presentado hace unos días, el representante del Ministerio Público califica de culpable el concurso de acreedores de Banco Madrid y responsabiliza, entre otros, a los hermanos Higini y Ramón Cierco.
El fiscal explica que los responsables últimos de la desbandada en Banco Madrid fueron sus directivos, que decidieron “colocarse al margen de la legalidad en materia de blanqueo de capitales”, provocando la posterior ruina de la entidad. Explica que “su complacencia ante las infracciones cometidas en materia de prevención de blanqueo de capitales abocó a la entidad al sobreseimiento generalizado de sus obligaciones de pago”, y no la voz de alarma dada por Estados Unidos, el gobierno de Andorra, el Banco de España o el Servicio de Prevención de Blanqueo (SEPBLAC). El banco estaba al margen de la legalidad aunque tuviera las cuentas en orden, asegura, y era cuestión de tiempo y también lógico que eso desembocase en un desastre bancario: “Al margen de la legalidad sólo hay un riesgo de generación de la insolvencia inminente que se materializará tan pronto como se activen los resortes jurídicos del Estado”.
Mary Poppins y el concurso de acreedores
En su escrito, el representante del Ministerio Público apunta directamente a seis exdirectivos de Banco Madrid y su matriz en Andorra: los hermanos Ramón e Higini Cierco, el expresidente de la filial José Pérez, el exconsejero delegado Joan Pau Miquel, el exsecretario del banco Rodrigo Achirica y el exconsejero Ricard Climent.
Explica el fiscal con una referencia cinematográfica que fueron ellos, y no la voz de alarma dada por las autoridades, los que contribuyeron al “pánico” del que habla el juzgado mercantil en sus autos: es en la película Mary Poppins en la que dos niños, Jane y Michael, acuden al banco en el que trabaja su padre y se encuentran con el director del banco, el señor Dawes, que les invita a abrir una cuenta con los pocos peniques que llevan encima. En el transcurso de la discusión, una clienta del banco entiende que la entidad ha cerrado el grifo y provoca una avalancha de gente que intenta recuperar sus ahorros en las ventanillas, “lo que inmediatamente genera una situación de pánico bancario”, dice el fiscal. “¿Quién es el responsable de la insolvencia inminente?”, se pregunta. La culpa, para el fiscal, es del señor Dawes – el responsable del banco – por intentar apoderarse de los peniques de los niños, y no las autoridades antiblanqueo, representados por “la señora que da la voz de alarma sobre la fechoría del banquero” en el caso de Banco Madrid.
En la práctica, la declaración de un concurso de acreedores como culpable obliga a los responsables a pagar a los acreedores todo el dinero que no hayan recuperado en la liquidación de la masa activa del banco, y también pide el fiscal que los responsables les indemnicen por daños y perjuicios, que devuelvan el dinero que haya obtenido “indebidamente” del concurso y también que los seis sean inhabilitados durante cinco años para administrar bienes ajenos. Por el momento, aquellas personas con menos de 100.000 euros en el banco han recuperado su dinero a través del Fondo de Garantía de Depósitos, y el juzgado ha aceptado que se anticipen pagos incluso sin esperar a la liquidación.
La investigación penal, a Plaza de Castilla
La intervención de Banco Madrid por parte del Banco de España en marzo de 2015 se terminó traduciendo al cabo de un año en una querella por parte de dos empresas que guardaban más de tres millones de euros en la entidad: se hizo cargo del asunto el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional, aunque en abril de este año decidió inhibirse y enviar la causa a la justicia ordinaria por entender que pudo haberse cometido un delito de blanqueo de capitales, pero no un delito de insolvencia punible.
Según confirman fuentes jurídicas, la causa se instruye en estos momentos en un juzgado de Plaza de Castilla.
Terremoto bancario y judicial en Andorra
Las acusaciones de blanqueo de capitales por parte de Estados Unidos hace ahora año y medio también supusieron un auténtico terremoto para la banca del país vecino: en marzo el gobierno de Andorra intervenía BPA y arrancaba un proceso que culminó con cambios profundos en la legislación bancaria nacional. En abril del año pasado nacía una nueva Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias, que entre otras cosas creaba una Agencia de Reestructuración y Resolución (AREB) para bancos, un Fondo de treinta millones de euros para hacer frente a una posible liquidación de BPA y un ‘banco malo’ para hacerse cargo de todos aquellos activos supuestamente ilícitos del banco ya entonces nacionalizado. Ha sido precisamente la AREB la que ha gestionado en los últimos meses la que ha adjudicado la venta de BPA al fondo estadounidense JC Flowers por 29 millones de euros.
Desde el primer momento, el gobierno andorrano tuvo también que mover ficha, empujado en ocasiones por los partidos de la oposición: tres meses después de la intervención nacía en el Consell del Principado una comisión “de vigilancia y prevención para la estabilidad financiera” en torno al caso BPA, impulsada por los partidos de la oposición.
El terremoto bancario no tardó en trasladarse también a los juzgados del Principado: la magistrada especializada en delitos económicos Canòlic Mignorance tramita una decena de causas desglosadas a partir de las acusaciones de blanqueo contra BPA y también su intervención. A finales del mes de agosto, la ‘batlle’ dictó auto de procesamiento contra una veintena de encausados y pedía que fuese archivada en lo que respecta a los hermanos Cierco, que declararon como imputados el mes de julio a raíz de una querella interpuesta por el gobierno andorrano.
Fuentes cercanas a la defensa de los exdirectivos aseguran que se han cometido diversos errores procesales a lo largo de la instrucción, criticando también que la instructora trate la figura del empresario chino Gao Ping como alguien condenado cuando el caso todavía se investiga en la Audiencia Nacional española.
BPA y el ‘caso Pujol’
El conocido como ‘caso BPA’ ha cruzado su camino varias veces con las investigaciones abiertas por la fortuna del expresident catalán Jordi Pujol: era en la banca andorrana donde supuestamente guardaba millones de euros que después la familia Pujol intentó regularizar en España a través de la filial en Madrid en julio de 2014, según el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional. Según desveló en exclusiva Ràdio Barcelona el pasado mes de agosto, el exdirectivo de BPA, Higini Cierco, denunció en su declaración ante la jueza de Andorra que entregó información confidencial de las cuentas de los Pujol a la policía española “por miedo” y “bajo coacciones”. Una declaración que sirvió a gestores del banco procesados para pedir la nulidad del ‘caso BPA’ por contaminación del ‘caso Pujol’, a la justicia andorrana para abrir una investigación y también a la familia Pujol para querellarse contra Cierco por revelación de secretos bancarios.
De la misma manera, los hermanos Cierco presentaron una demanda el pasado mes de junio exigiendo más de 350 millones de euros al Principado de Andorra por los perjuicios económicos que aseguran haber sufrido por la nacionalización de BPA, de la que poseían más del 75 por ciento como accionistas mayoritarios.
