Los retos de Hacienda: Nuevos presupuestos nada más empezar
El próximo Gobierno deberá cuadrar las cuentas públicas del año que viene sin olvidar a Bruselas
Madrid
El nuevo Gobierno tiene la urgente tarea de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. Unas cuentas que tendrán que cuadrarse para cumplir con Bruselas y reducir el déficit desde el 4,6% del PIB con el que se pretende cerrar 2016, hasta el 3,1% del año que viene, y no hasta el 3,6% calculado por el Ejecutivo saliente, unos 5.500 millones de euros de diferencia, una cantidad que Mariano Rajoy espera que sea menor por el empuje del crecimiento económico y los ingresos.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció en su último Consejo de Ministros como portavoz del Gobierno que lo primero será elaborar un techo de gasto, base para los presupuestos del próximo ejercicio. La previsión es que estén redactados a final de año y publicados en el BOE en el primer trimestre de 2017. Pero tras dar luz verde a ese límite de gasto, queda pendiente el reparto de los nuevos objetivos de déficit entre las distintas administraciones públicas, para lo que habría que convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
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Las Comunidades Autónomas piden que esa distribución del déficit se realice de forma más justa entre ellas y el Estado, pero temen que finalmente el mayor margen pactado con la Comisión Europea sea sobre todo para el Estado y la Seguridad Social. España ha pasado de soportar un objetivo de déficit para 2016 del 2,8% del PIB al 4,6% actual y del 2,2% al 3,1% en 2017 y ahora puede dar a su vez más oxígeno al resto de administraciones.
Otra vieja demanda de las comunidades es la reforma del sistema de financiación autonómica. Sáenz de Santamaría pilotará ahora a las Administraciones Territoriales, aunque Montoro sigue siendo el guardián de los números. Muchas consideran que su región está infrafinanciada y reclaman que el Estado les condone parte de la deuda. Los ayuntamientos piden gastar el superávit que han registrado (0,4% del PIB) en sus propias competencias.
Impuestos
En lo que se refiere a impuestos, en el de Sociedades el Ejecutivo deberá recaudar los más de 8.000 millones anunciados tras recuperar y subir al 23% (25%, en el caso de los bancos) el tipo mínimo del pago fraccionado de las grandes empresas. Hasta septiembre, la caída de la recaudación de este impuesto fue del 24,9%. A este desplome en Sociedades se une el del IRPF, que en septiembre fue casi un 8% inferior al de un año antes. Ambos retrocesos están motivados por los cambios normativos y las reformas fiscales previos a citas electorales y que tan criticados han sido por Bruselas. Está por ver ahora si el Ejecutivo cede a la petición de Bruselas de subir el IVA a productos que en la actualidad se benefician del tipo reducido.
Asimismo, dotar de más medios a la Agencia Tributaria para intensificar la lucha contra el fraude fiscal es otra de las tareas pendientes, así como incrementar el control de las grandes fortunas y no tanto de particulares, pymes y autónomos.