Carmen Cafranga, imputada por las 'black', consigue un contrato de Cifuentes gracias a las subvenciones de González

Madrid

"Se informa desfavorablemente por parte de esta dirección general acerca de la viabilidad económica de la oferta presentada por la Fundación Pardo Valcarce para el desarrollo del Aula de Apoyo para la Integración Sociolaboral de Personas con Inteligencia Límite". Así concluye el demoledor informe redactado el 11 de Agosto de 2015 por la Dirección General madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad sobre la oferta presentada por la Fundación privada de Carmen Cafranga para hacerse con un contrato de la Comunidad de Madrid valorado en cerca de 100.000 euros, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y licitado cuando Ignacio González era todavía presidente de la Comunidad.

De las seis organizaciones que habían concurrido al concurso abierto, la oferta de la Fundación de Carmen Cafranga, exconsejera de Caja Madrid e imputada en el caso de las tarjetas black, fue considerada "anormalmente baja" (90.400 euros sobre un presupuesto base de licitación de 148.000) y por ello, desde la Mesa de Contratación de la Consejería de Políticas Sociales, se requirió a la Fundación Pardo Valcarce que justificase su oferta.

La fundación de Cafranga explicó el bajo precio de su oferta esgrimiendo que podía ahorrar en costes laborales frente a sus competidores gracias a las subvenciones al empleo por valor de 24.000 euros que le había otorgado el Gobierno de Ignacio González el 1 de junio de 2015, 24 días antes de la toma de posesión de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La ONG más beneficiada en el gobierno de González

Se da la circunstancia de que Carmen Cafranga, que fue consejera de Caja Madrid a propuesta del PP madrileño desde 2003 y hasta que dimitió en 2014 tras conocerse que cargó más de 173.000 euros a su tarjeta black, fue socia fundadora de la empresa Subastas Segre, que preside Lourdes Cavero, mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

De hecho, pese su imputación en el 'caso Bankia', Carmen Cafranga, continuó recibiendo una gran cantidad de fondos públicos para su fundación, la práctica totalidad provenientes de la Comunidad de Madrid cuando estaba gobernada por Ignacio González. Tanto es así, que de los casi cuatro millones de euros (3.961.896) de dinero público que recibió la Fundación Pardo Valcarce en 2014, un 94% correspondieron a conciertos, subvenciones y contratos con la Comunidad de Madrid.

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Un local cedido gratuitamente por Caja Madrid

Las subvenciones de Ignacio González no fueron el único argumento que utilizó Carmen Cafranga para justificar el precio tan bajo de su oferta frente a las de sus competidores. La exconsejera de Caja Madrid alegó que frente al resto de ONG que optaban al concurso, la suya contaba con la ventaja de tener un local cedido gratuitamente por la Caja madrileña (de la que ella misma fue consejera) por lo que se ahorraba varios miles de euros en concepto de alquiler. Cafranga hacía referencia a una antigua biblioteca de la Obra Social de Caja Madrid que el banco cedió gratuitamente a la Fundación Pardo Valcarce en 2012 dentro del "Plan de Cesión de Espacios" con el que la entidad pretendía entonces reducir costes. Aquella cesión estuvo rodeada de polémica, ya que Carmen Cafranga no sólo formaba parte de Consejo de Administración de la Caja que aprobó ese "Plan de Cesión de Espacios", sino que también era miembro del Consejo de Administración de Gecesa (sociedad 100% parte de la caja y que gestionaba los centros de la obra social) que había colaborado sustancialmente en el diseño del plan.

La Comunidad dijo 'no'; La mesa de contratación,'sí'

La explicaciones dadas por la Fundación Pardo Valcarce, remitidas al Gobierno madrileño el 5 de agosto de 2015, no fueron suficientes para la Consejería de Políticas Sociales, cuya Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad (licitadora del susidicho contrato) emitió cinco días después un demoledor informe desaconsejando su contratación. La Dirección General consideró que las subvenciones otorgadas a Cafranga por Ignacio Gonzalez un año antes en ningún caso podían utilizarse para abaratar los costes de un nuevo contrato; además estimó que la Fundación Pardo Valcarce omitía en el precio de su oferta todos los costes relacionados con la infraestructura necesaria para la ejecución (escudándose en la cesión gratuita del local por parte de Caja Madrid) ignorando todos los costes asociados al mantenimiento del mismo.

Con todo, en la última reunión de la mesa de contratación, que se celebró el 3 de septiembre de 2015, se acordó conceder el contrato a la Fundación de Carmen Cafranga a pesar del informe desfavorable que el organismo licitador, la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad, había redactado solo veinte días antes.

¿Que sucedió en ese tiempo? ¿Por qué se adjudicó un contrato en contra del criterio del licitador? Desde la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid se asegura que los mismos argumentos que fueron considerados "insuficientes" por la Dirección General resultaron ajustados a derecho para los técnicos que componían la mesa de contratación, por lo que desde un punto de vista "legal" no quedaba otro remedio que adjudicar el contrato a la Fundación Pardo Valcarce, ya que el único criterio a tener en cuenta en el concurso era el precio. "Cualquier otra cosa hubiera sido prevaricar", ha asegurado a la SER un portavoz de la Consejería. La Fundación de Carmen Cafranga no solo consiguió el contrato para encargarse del Aula de Apoyo para la Integración Sociolaboral de Personas con Inteligencia Límite durante el año 2015 por 90.400 euros, sino que éste acaba de ser prorrogado por un año más. La Fundación Pardo Valcarce recibirá en total 180.800 euros.