La interina que denunció la falta de indemnización por despido consigue 20 días por año trabajado

Madrid

Cuatro años y cinco días después de ver cómo se extinguía su contrato de siete años de trabajo sin recibir ni un euro de indemnización, Ana de Diego ha conseguido que un tribunal le reconozca lo que pedía: recibir, por su despido, lo mismo que recibiría un trabajador fijo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha recogido en su sentencia lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló al conocer el caso de de Diego: que es discriminatorio que un interino no perciba lo mismo que un fijo cuando tienen el mismo puesto y desempeñan tareas parecidas.

Aunque la sentencia europea tiene un recorrido mucho mayor, porque puede cambiar el mercado de trabajo español en su conjunto al criticar la ley española por discriminar a todos los temporales frente a los indefinidos, su origen está en el caso de de Diego, y este caso ha quedado hoy resuelto con lo decidido por el TSJM. De Diego fue durante siete años secretaria en el ministerio de Defensa en situación de interinidad (sustituyendo a una liberada sindical), y vio cómo –tras siete años y dos meses en ese puesto- se extinguía su contrato cuando, a finales de septiembre de 2012, un decreto del Gobierno propició la vuelta de muchos liberados sindicales al puesto de trabajo que tenían reservado.

La sentencia del TSJM dice que el despido de de Diego se ha producido “en virtud de una causa objetiva, en el sentido de no reprochable al trabajador ni dependiente de la mera voluntad empresarial”. “Si su contratación no fuera temporal”, continúa el texto, “tendría siempre, al menos, un derecho indemnizatorio de 20 días por año trabajado”. Esta diferencia entre unos trabajadores y otros es un “pernicioso efecto” de la ley española, y por ello, a la luz de la sentencia europea, el TSJM decide que de Diego “tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo comparable”.

El Tribunal decide así que a de Diego le corresponden 6.141,85 euros en concepto de indemnización por la extinción de su contrato, que deberá pagar el ministerio de Defensa.