Autopistas en quiebra: un "buen negocio" sin datos económicos
El ministro de Fomento no explica con datos por qué puede ser rentable rescatar las autopistas de la era Aznar
El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, durante un pleno del Congreso. / Ballesteros (EFE)
Madrid
El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, no consigue explicar en qué datos se basa cuando dice que el rescate de las autopistas de la era Aznar en puertas de la quiebra puede ser un "buen negocio" para España.
Desde hace semanas, la Cadena SER pregunta sin éxito al Ministerio de Fomento cuál es la compensación a pagar a las concesionarias si, como parece, llegan a quebrar: el dinero ya aportado por el Estado para pagar el sobrecoste de las expropiaciones de terreno, el transferido a las concesionarias para intentar enderezar su balance o el pagado por los ciudadanos en forma de peajes; y a cuánto puede ascender la compensación a las concesionarias si el Estado asume la gestión de las autopistas. Su patronal, Seopan, la evaluaba hace un año en 5.700 millones de euros.
Rafael Catalá, sobre el rescate de las autopistas de la era Aznar: 'Son un buen negocio'
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Este martes el ministro Rafael Catalá no ha podido aportar datos que permitan hacer un balance de la situación: "Me pide usted una auténtica tesis doctoral sobre las autopistas radiales. No tengo en este momento esos datos cuantitativos que nos permita comparar lo que costó la infraestructura, lo que el Estado acabará pagando finalmente por ellos, si así finaliza el proceso".
Sí ha reconocido el ministro que se tardará años en determinar la compensación a las concesionarias. "La Administración fijará su responsabilidad patrimonial, pero probablemente habrá seguramente una discusión litigiosa y serán los tribunales los que acaben estableciendo cuáles son los derechos que les corresponden a los concesionarios".
Un decreto del gobierno de enero de 2014 pretende reducir esa "responsabilidad patrimonial de la Administración" restando lo que pague el Estado por el sobrecoste de las expropiaciones de terrenos para la construcción de las autopistas. "Hicimos una reforma legislativa para que se pueden deducir una serie de cantidades: por ejemplo los costes de las expropiaciones".
Pero el juez madrileño de lo mercantil que lleva el asunto duda de la constitucionalidad de ese decreto, porque es posterior a la concesión de las autopistas, a su concurso de acreedores, y a algunas decisiones judiciales firmes.
