El Supremo investiga formalmente a Francesc Homs por la consulta del 9-N
El magistrado, Andrés Palomo, atribuye al portavoz en el Congreso de la antigua Convergencia los delitos de prevaricación y desobediencia y pide el suplicatorio a las Cortes
El portavoz del PDC en el Congreso, Francesc Homs, en una foto de archivo. / Pi X. (ACN)
Madrid
El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha elevado a la sala de lo penal una exposición razonada para pedir el suplicatorio al Congreso y poder así proceder contra Francesc Homs, portavoz de la antigua Convergencia en la cámara baja. Palomo le atribuye los delitos de desobediencia y prevaricación –que no llevan aparejada pena de cárcel- por su participación en la consulta del 9-N y descarta el de malversación de caudales públicos.
El Tribunal Supremo se alinea con la tesis que se sigue en la causa abierta en el Tribunal de Justicia de Cataluña contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por estos mismos hechos.
La exposición razonada contra Homs que elevó el magistrado instructor al Tribunal Supremo subrayaba que actuó "de forma intencional y adecuada en actos de preparación esenciales para poder llevar a cabo la consulta del 9-N". Añadía que en su declaración voluntaria en Barcelona reconoció que estuvo "implicado en todo el proceso" siendo como era "el máximo responsable de los servicios jurídicos, de la coordinación interdepartamental, así como de la publicidad institucional y de la comunicación".
Homs, subrayaba, "fue quien dio certeza a Artur Mas de que todo el proceso era perfectamente legal". El portavoz de la antigua Convergencia en el Congreso, concluía, "de forma consciente y coordinada con los otros consellers y bajo las instrucciones del president de la Generalitat se organizó para impulsar y desarrollar los actos de preparación de la consulta del 9-N, desobedeciendo el mandato de suspensión de actividades, movilizando recursos públicos para abonar obras y servicios y utilizando medios materiales públicos para su consecución".
Homs llegó a enviar una carta a un contratista que había preguntado si la prohibición de la consulta por parte del Tribunal Constitucional cancelaba su contrato. En ella le advirtía de "acciones legales" si no cumplía con lo pactado, siendo como era Francesc Homs el máximo responsable de la defensa jurídica de la Generalitat.
