Las asociaciones judiciales cargan contra la falta de concreción del pacto PP-C´s
Aseguran que la generalidad de las propuestas judiciales del acuerdo podrían favorecer la independencia judicial o por el contrario una mayor politización.
La Unión Progresista de Fiscales denuncia que la posibilidad de cesar al Fiscal General del Estado vía parlamentaria es "tan inconcreta que podrían intentar controlar más al fiscal".
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se estrechan la mano durante la reunión de sus respectivas delegaciones en la que van a certificar el acuerdo de investidura. / J.P. Gandul (EFE)
Las asociaciones judiciales mayoritarias ven con buenos ojos la letra general de la propuestas judiciales pero temen que la falta de concreción lleve a que consigan el efecto contrario a la independencia judicial. La medida que más recelo suscita entre todas las asociaciones consultadas es la que afecta a la posibilidad de reprobar y cesar al Fiscal General del Estado vía parlamentaria.
Desde la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, asegura que es "tan inconcreto que no aclara si está favoreciendo la autonomía del ministerio fiscal, enviando al Parlamento lo que antes podía hacer al Gobierno, o al revés, intentar controlar más al Ministerio fiscal y en caso de que sea díscolo con la mayoría parlamentaria pueda ser cesado o destituído. Es tal la inconcreción que nos impide pronunciarnos" concluye.
Un CGPJ independiente
La Asociación Profesional de la Magistratura califica de positiva la modificación de la elección de los vocales del CGPJ porque se ajusta más al espíritu de la Constitución y aminora la imagen de politización de la Justicia. De hecho, es una de las reivindicaciones históricas de esta asociación. Sin embargo, critican duramente la falta de concreción de las propuestas, sobre todo, la que se refiere a la reprobación del Fiscal General.
Para su portavoz, Celso Rodríguez, "sólo el anuncio de la posibilidad de cese por parte del parlamento no garantiza la independencia del Fiscal General del Estado". El texto también es poco sólido en cuanto al aumento de los recursos destinados a Justicia, asegura. El acuerdo contempla el aumento de medios humanos y materiales pero no da una estimación del presupuesto que habría que destinar a la lucha contra los delitos económicos, de corrupción o informáticos.
La Plataforma Cívica por la Independencia Jucidicial coincide en esa falta de detalle y temen que no se lleve a cabo la elección de los vocales del CGPJ como pasó en la anterior legislatura cuando el PP lo incluyó en el programa electoral. Jesús Manuel Villegas, por tavoz de la asociación, pide no lanzar las campanas al vuelo: "El hecho de que los vocales del CGPJ no sean nombrados por el parlamento es una propuesta que ya llevaba el PP en su programa y cuando llegó al Gobierno se desdijo de su postura ¿Esta vez están dispuestos a rectificar? Quiero creer que sí, pero como dice el refrán, gato escaldado del agua fría huye". El problema -asegura- está en el desarrollo "¿Cómo se van a llevar a cabo esas votaciones? Si los principios están bien pero a la hora de desarrollarlo introducimos elementos antidemocrátivos pervertimos el acuerdo. En la letra pequeña es donde se define el conflicto de fondo" mantiene Villegas.
La Plataforma pide que se garantice un sistema de elección plenamente democrático, mediante sufragio universal, secreto en toda la carrera judicial, que respete el principio "un juez/un voto" como requisito para la despolitización de la Justicia Española.
